El exsubsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Regino, denunció al expresidente Felipe Calderón y exfuncionarios de su administración ante la Fiscalía General de la República (FGR) por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y lo que resulte por la construcción del monumento Estela de Luz.
El también abogado, quien desde finales del sexenio de Calderón defiende a ocho personas de la empresa III Servicios, acusadas de cobrar la obra a un sobreprecio de mil 100 millones de pesos, señaló que los verdaderos responsables de este acto de corrupción no son sus defendidos, sino el exmandatario y otros exservidores públicos.
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“En el año 2009, el gobierno federal tomó la decisión de convocar a un concurso para elegir y decidir la construcción de un monumento”, dijo, en un mensaje a medios realizado al pie de la Estela de Luz.
“De esa convocatoria resultó ganador un arquitecto mexicano que propuso la construcción de la Estela de Luz. A partir de ese momento, la oficina de la Presidencia del sexenio de Felipe Calderón, a cargo de Patricia Flores Elizondo, se hizo cargo de la conducción y dirección de dicho proyecto, un proyecto que nosotros estimamos ya existía la decisión y determinación del desvío de recursos públicos”, indicó.
Regino señaló que luego de que un director general de la empresa III Servicios, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentara su renuncia, fue nombrado un cercano a la Presidencia de nombre Agustín Castro Benítez.
Detalló que durante una junta, el nuevo director aseguró a los demás empleados que la empresa llevaría cabo la construcción de la obra y todo el proceso relacionado con la Estela de Luz, a pesar de que III Servicios no presta esas funciones.
Castro y Flores Elizondo realizaron varios encuentros, de los cuales se desprendió que el monumento no podía ser mediante licitación pública, porque no se iban a dar los tiempos para que estuviera lista para los festejos en septiembre de 2010. Por ello, tomaron la decisión de que la adjudicación fuera por el procedimiento de invitación restringida a varias empresas, según dijo el litigante.
