La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por parte del gobierno de Estados Unidos, también podría enfrentar cargos por su activa promoción y participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
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"Valdría la pena preguntar si el exsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional no fungía como un 'doble agente' interviniendo en la frontera para ambos lados del frente de guerra, es decir, operando por un lado para coordinar las acciones de seguridad binacionales y por el otro, protegiendo, armando y encubriendo las acciones del que fue en su momento el Cártel más grande del mundo", enfatizó en un comunicado.
La diputada de Morena recordó que dicho operativo en México inició en 2009, pero el escándalo estalló en 2011, luego del asesinato de un agente estadunidense con un arma introducida desde territorio estadunidense, "que fue parte de esta acción encubierta no reportada por el gobierno al Congreso".
Padierna dijo que por medio de esta estrategia fallida, se toleró el ingreso de miles de armas ilegales a territorio nacional para que fueran distribuidas entre los grupos delictivos, pretendiendo en algún momento, rastrearlas y capturar a sus poseedores.
Padierna Luna recordó que en su momento, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense, señaló que los operativos fallaron “por la desorganización de las autoridades mexicanas”, es decir, que la propia agencia reconoció que hubo participación de autoridades de México pero que esa participación fue desorganizada, subrayó la diputada de Morena.
“Sin embargo, dadas las acusaciones contra Genaro García Luna, cabría preguntarnos si esa “desorganización” fue voluntaria o involuntaria, es decir, si se permitió la libre distribución de las armas para favorecer a un grupo criminal en particular o si simplemente se debió al endémico problema de la corrupción nacional”, aseveró Padierna Luna.
Destacó que aunque el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón sostuvo de manera pública que no tuvo conocimiento de dichos programas, "ha quedado claro en los documentos y en las declaraciones rendidas en los Estados Unidos que desde el año 2007 y hasta 2010 cuando menos, distintas autoridades mexicanas facilitaron el ingreso de armas a México, que fueron usadas para agravar la crisis de seguridad y de derechos humanos, entre ellas destaca desde luego la participación de García Luna".
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