La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, desestimó el anuncio del Canciller Marcelo Ebrard de llevar a la Corte Internacional de Justicia de la ONU el caso del asedio a la embajada mexicana en La Paz y pidió retractarse en esa intención, pues carece de argumentos.
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En conferencia de prensa, Longaric informó que el gobierno de Jeanine Añez es respetuoso de los tratados internacionales, por lo que descartó que fuerzas de seguridad ingresen a la sede diplomática de México, pues la embajadora mexicana en ese país pidió más seguridad.
"Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México, ni ha violado la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas", dijo.
La funcionaria explicó que jurídicamente es insostenible acusar a su país por un hecho que todavía no ha ocurrido, lo que aprovechó para arremeter en contra de la Cancillería al acusar poca seriedad.
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“Nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones, que anuncia la Cancillería mexicana. Nadie puede ser denunciado por hechos que no ha cometido. Es un desliz que no le hace bien a la seriedad que presumía tener la Cancillería mexicana", sostuvo.
Durante las declaraciones realizadas en conferencia de prensa, la Canciller @KarenLongaric habló sobre la intención del Estado de #México de demandar a #Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. pic.twitter.com/OteytB16OX
— Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) December 26, 2019
La responsable de la diplomacia del gobierno de facto en Bolivia exigió a México entregar a los exfuncionarios asilados que tienen órdenes de presentación y advirtió que de haber una respuesta negativa no se entregará el salvoconducto que les permita abandonar el país.
“Yo creo que habrá de ceder la embajada de México y entregar a los señores que tienen mandamiento de apremio al Ministerio Público boliviano, y en caso de que no lo haga el gobierno de boliviano no entregará el salvoconducto”.
La mañana de hoy el Canciller Marcelo Ebrard informó que ante el reforzamiento de seguridad en las inmediaciones de la embajada en La Paz recurriría a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, ubicada en La Haya, para dirimir las diferencias.