Jaime Bonilla Valdez rindió protesta el 1 de noviembre pasado como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, pese a las protestas de partidos políticos de la oposición, que señalan que una reforma a la Constitución local en 2014 estableció que la gubernatura que inició en 2019 tiene que concluir en 2021.
Y es que, aunque el Tribunal Electoral local resolvió una impugnación de Morena en febrero pasado, con la cual el periodo de gobierno pasaría a ser de cinco años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconoció ese fallo y el 2 de junio pasado se votó por un periodo de dos años, en la elección en la que Bonilla Valdez resultó ganador con 50.38 por ciento de los votos, poniendo fin a 30 años de gobiernos panistas.
Poco más de un mes después de la elección, el 8 de julio, el Congreso local, entonces con mayoría panista, aprobó con 21 sufragios a favor extender el periodo de gobierno de Bonilla Valdez; esta reforma fue avalada el 23 de julio en el Palacio Municipal de Rosarito.
Pese a que el 2 de octubre el TEPJF resolvió que la gubernatura debía ser únicamente por dos años, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que ya había rechazado atraer el caso mientras la reforma no fuera publicada en el Periódico Oficial, lo cual finalmente ocurrió el 17 de octubre, tras una consulta ciudadana.
Así, la Corte recibió las acciones de inconstitucionalidad de los partidos PAN, PRI, PRD, MC y de Baja California (PBC)en contra del período de gobierno por el cual asumió Bonilla Valdez. En el máximo tribunal también hay registrados recursos presentados por los excandidatos a la gubernatura: Enrique Acosta Fregoso, del PRI; Ignacio Anaya Barriguete, del PBC; Jaime Cleofas Martínez Veloz, del PRD, y Oscar Vega Marín, del PAN.
Además, el TEPJF recibió un cúmulo de 17 impugnaciones contra la toma de protesta de Bonilla Valdez. Los inconformes reclaman que él participó en una elección para una gubernatura de dos años, como las que ya se habían realizado en Puebla y Veracruz, como parte de la reforma electoral de 2014, para emparejar el calendario electoral a nivel nacional.
Sin embargo, el nuevo gobernador argumentó que es válido que haya asumido su gestión por cinco años a partir de la reforma local que este mismo año realizó la anterior Legislatura local.
La reforma generó un debate en el que incluso se vio involucrada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue invitada a la toma de protesta, y durante una transmisión en redes sociales, sin saber que estaba siendo grabada, comentó al gobernador que la ley iba a pervivir, pues consideró que el Congreso local estaba facultado.
El 3 de diciembre, la Sala Superior del TEPJF determinó que la reforma viola el principio de certeza en los procesos electorales, por lo que envío un escrito en ese sentido al ministro de la Corte, José Fernando Franco, quien solicitó la opinión de dicho tribunal. Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que respetaría esa postura.
El dato: La secretaria de Bienestar e Integración Social, así como el Oficial Mayor designados por el gobernador solicitaron licencia el 2 de diciembre, debido a investigaciones por corrupción.
