A lo largo de 10 años (2007 a 2017) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hubo tres mil averiguaciones previas donde se integraron testigos protegidos que declararon en contra de otros crimínales o de servidores públicos presuntamente involucrados o ligados con organizaciones delictivas.
Sin embargo los dichos de los testigos protegidos no lograron ser comprobados, por lo que la gran mayoría de los acusados retomaron su libertad
Con los sobrenombres, Angelica, Fernando, Paco, Emiliano, Lucero, Jennifer o El Pitufo, estos imputados confesos declaraban lo que les podían o necesitaban algunos funcionarios, para realizar sus consignaciones.
Pero el gasto que representaban estos criminales era de millones de pesos al año y su efectividad fue de cero según revelan datos de la misma dependencia, hoy FGR.
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Uno de los casos más importantes en las administraciones pasadas fue el del excomisionado de la Policía Federal, Víctor Gerardo Garay Cadena, al que la testigo protegido "Jennifer" lo acusó de brindar protección al Cártel de Sinaloa, en especial a Jesús El Rey Zambada, encargado del trasiego de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Jenifer era un agente corrupto de la PGR asignado en la Embajada de EU, encargado de filtrarle información al Cártel de Sinaloa sobre operativos de ambos países.
Al ser descubierto se acogió al programa de testigos protegidos de la PGR, desde donde acusó además del comisario Garay Cadena, a varios funcionarios de la dependencia, sin embargo sus versiones nunca las pudo comprobar.
Las declaraciones de los testigos protegidos detonaron uno de los mayores escándalos de supuesta corrupción, pues a raíz de estas fueron detenidos servidores públicos de diferentes niveles, desde la entonces SIEDO hasta el director de la INTERPOL, Ricardo Gutiérrez, en 2008.
No obstante después de varios años de proceso, fueron exonerados por falta de pruebas.
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Un testigo protegido consentido por la PGR
Otro testigo protegido que fue ejemplo claro del fracaso de este programa es Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, criminal que declaró en más de 600 casos, prácticamente en investigaciones de todos los grupos del crimen organizado. Una situación que de acuerdo con los expertos era imposible.
Puga Quintanilla durante años recibió de la PGR protección, vivienda, 50 mil pesos mensuales y hasta el pago de diversas operaciones para bajar de peso. De los casos en donde declaró este criminal, los acusados fueron liberados por falta de pruebas y por las inconsistencias en sus declaraciones.
Salvador Puga Quintanilla se convirtió en testigo protegido en el 2008, año en el que fue detenido en flagrancia en un caso de secuestro.
[caption id="attachment_1075001" align="alignright" width="479"] El testigo consentido de la PGR, quien se benefició de cirugías plásticas y autos blindados a cargo del erario mexicano, murió en una celda de EU donde purgaba condena por un caso de pedofilia. Foto: especial La Razón[/caption]
Desde entonces, Salvador Puga declaró formar parte de los ZETAS, versión que nunca fue confirmada, ya que incluso integrantes de esta banda delictiva que fueron detenidos dijeron desconocer o nunca haber visto al llamado "Pitufo".
Este individuo contaba con vehículos blindados y él y su familia tienen la protección de militares y de la Policía Federal Ministerial.
De acuerdo con documentos de la propia PGR, ahora Fiscalía General de la República, la dependencia erogó alrededor de 15 millones de pesos en cinco años para que a testigo protegido se le realizaran cirugías plásticas y tratamientos médicos, para cambiar su fisonomía como parte de los acuerdos de protección.
“El Pitufo” finalmente murió en una celda de un penal de Texas, Estados Unidos, donde purgaba una condena por el delito de pedofilia y colaboraba con México y EU en distintas investigaciones.
jmg
