La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle Martínez consideró que la Ley de Amnistía aprobada en el recinto legislativo de San Lázaro es perfectible, pero no en el sentido que propone el senador Cristóbal Arias (Morena), quien señaló que se debe poner atención a los posibles candidatos.
En entrevista con La Razón, opinó que la iniciativa “quedó bastante acotada, es impreciso lo que plantea”; sin embargo, aclaró que en materia de robo simple, a la fecha no hay ni habrá una persona encarcelada a escala federal, por lo que “habíamos presentado una reserva para que se pudieran considerar montos, lo que no fue aprobado”.
Te puede interesar: Búsqueda en fosas avanza, pero hay 65% de cuerpos sin identificar
“La Ley de Amnistía considera cuatro supuestos penales: delitos contra la salud, robo simple, sedición e interrupción del embarazo; de éstos, sólo del primero hay alrededor de dos mil 600 personas en cárceles federales, de los demás no hay una sola persona en prisión. Aplicará sólo a las personas privadas de su libertad por estos delitos hasta antes de su entrada en vigor, y que cumplan con varias características: no ser reincidentes, no haber usado armas ni violencia y que provengan de poblaciones en situación de pobreza, comunidades indígenas o personas con discapacidad”, explicó.
En su edición del lunes pasado, este rotativo publicó una entrevista con el presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias, quien afirmó que se pondrá atención en los beneficiarios de la Ley de Amnistía, como los narcomenudistas primodelincuentes.
“Hay algunos puntos de vista, de observaciones, que consideran que no debemos precipitarnos, que habría que ver con cuidado para evitar que hubiera situaciones que pudieran revertirse”, recalcó el morenista.
Durante la discusión y aprobación del dictamen de la Ley de Amnistía del pasado 11 de diciembre, el pleno del recinto de San Lázaro sólo aprobó una reserva promovida por la diputada Tagle Martínez, para adicionar dos transitorios y establecer que por conducto de la Secretaría de Gobernación se deberá entregar un informe anual a la Cámara de Diputados sobre las solicitudes de amnistía pendientes y resueltas.
Además, se estipuló que la Cámara de Diputados tendrá un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, para revisar los tipos penales que dan origen a la Ley de Amnistía, con el fin de derogarlos, modificarlos o actualizarlos conforme al marco de los derechos humanos.
Tagle Martínez abrió la posibilidad de que los senadores no tengan claros los alcances de dicha legislación, porque “si bien vale la pena apoyarla, tampoco es una gran reforma, pero no tiene esos alcances que difundió el PAN sobre la liberación de delincuentes; además, lo que dice el senador Arias es impreciso”.
Consideró que esta legislación al menos podrá atender la situación en la que algunas personas se encuentran privadas de su libertad, en cárceles federales y, eventualmente, en el fuero común, “si los Congresos en los estados hacen lo propio, porque no pueden ser obligados ni estarán obligados a hacerlo”.
“Si bien vale la pena apoyarla, tampoco es una gran reforma, pero no tiene esos alcances que difundió el PAN sobre la liberación de delincuentes; además lo que dice el senador Arias es impreciso”
Martha Tagle
Diputada de Movimiento Ciudadano
Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que habrá 17 temas legislativos prioritarios en el segundo periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero, entre ellos la Ley de Amnistía y la Reforma Judicial, ambos calificados como asuntos “Triple A”.
En conferencia de prensa, informó que en los próximos días se reunirá con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios de la Cámara alta, con el fin de construir los consensos que se requieren para sacar adelante la agenda legislativa.
Explicó que los asuntos son amnistía, fuero, elevar a rango constitucional el sistema de bienestar social, cannabis, outsourcing, así como las reformas judicial, electoral y al sistema financiero, además de economía circular, cuidado al medio ambiente y cambio climático, contenido nacional en servicios OTT (plataformas como Netflix y Amazon Video).
En la lista también se incluyen las leyes secundarias al artículo 19 de la Constitución Mexicana en materia de delitos graves, reducción al financiamiento de los partidos políticos, derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la verdad; bienestar animal y derecho al olvido en plataformas digitales, entre otros.
Con información de Sergio Ramírez
