Por fallas en la entrega de fertilizantes, escasez de lluvia o sequía, politización y falta de expertiz del Gobierno federal en el ciclo primavera-verano 2019, la producción de maíz en Guerrero cayó, señalaron el Centro Tlachinollan, la alcaldesa de Tlapehuala, Anabel Balbuena, y la Confederación Nacional de Productores de Maíz.
Esta última organización aseguró que hubo una reducción de cosecha de 50 por ciento, lo que representa pérdidas económicas por más de tres mil millones de pesos y una afectación para 100 mil productores, pues no pudieron sembrar alrededor de 70 mil de las 350 mil hectáreas que anualmente se trabajan, lo que impacta a siete regiones.
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Abel Barrera, director de la asociación de Derechos Humanos Tlachinollan, dijo que el Gobierno federal mostró su novatez desde el año pasado en la entidad.
“Ahí creo que le faltó más tener el pulso de cómo estaba el problema; que no era fácil, sino complejo, sobre todo en los padrones, porque luego hay muchos que manejan éstos y no todos son apegados a la realidad”, sostuvo.
En entrevista con La Razón, opinó que la politización, la mala operación del programa de fertilizantes en los cálculos del padrón, querer entregar sólo para una hectárea, el alto costo del traslado y la demora de los tráileres, evitó que muchos productores, principalmente de La Montaña, se quedaran esperando los insumos.
“Lamentablemente eso hizo que algunos no sembraran, que otros se fueran a trabajar de jornaleros agrícolas a los campos del norte del país y que la siembra no diera como acostumbra. Desafortunadamente con esos primeros paquetes sólo alcanzó para la primera aplicación, cuando la planta apenas nace”.
Barrera Hernández advirtió que si no hay un cambio en la manera de entregar el abono desde la Federación y se mantiene la ineficacia en la programación y distribución, se corre el riesgo de que la gente vuelva a interceptar y saquear los vehículos en los que se transporta el apoyo, por desesperación e incertidumbre.
En el primer año del programa de fertilizantes, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y ante el retraso en la entrega, los llamados Servidores de la Nación realizaron labores de apoyo para verificar que los beneficiarios cumplieran ciertas condiciones para recibir el insumo —vía vales—, como contar con determinadas hectáreas y acreditar la zona de residencia.
Hernández pidió actualizar el registro de todos los beneficiarios, cruzar información entre las autoridades federales, estatales y municipales junto con los líderes comunales y ejidales, así como eliminar tantos trámites burocráticos; “hay una serie de nudos que se deben desatar”, añadió.
Por separado, la alcaldesa perredista Anabel Balbuena Lara criticó que las autoridades federales hicieran a un lado a los ediles en la entrega del insumo a los productores guerrerenses, incluso en la información sobre los padrones que se tenían de años anteriores y que no se tomaron en cuenta.
“Hay que mencionar que a los presidentes municipales no se nos consideró respecto a la información de cuántos paquetes llegaron, a quiénes se dieron, qué paquete se entregó. Fue un tema muy complicado en cuanto a la relación con los que operaron el programa”.
Juan Pablo Rojas, dirigente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz, declaró que “poco más de tres mil millones de pesos estamos perdiendo en Guerrero por no contar con infraestructura de acopio, de almacenamiento y distribución de agua, y por no tener el fertilizante a tiempo, por la cerrazón de los nuevos funcionarios”.
Alertó que en la entidad habrá una carencia de alimentos, al menos durante seis meses este año, desde marzo o abril en adelante, por la disminución de al menos 50 por ciento de la producción de este grano.
“La gente que está en la parte rural produciendo para subsistir y el autoconsumo va a tener carencia de esos productos, de esos alimentos, tanto para la alimentación humana como para alimentar al ganado, a los animales con los que se ayudan para el trabajo”, dijo.
A su vez, José Juan Bautista, líder de Antorcha Campesina en Guerrero, aseguró que estos errores en la distribución del fertilizante en Guerrero, obligará a las autoridades locales a comprar maíz de otros estados para hacer frente a esta crisis alimentaria que se avecina, pues los productores locales no tendrán producto.
Indicó que entre abril y mayo de 2020 comenzará a resentirse la caída en la cosecha del grano, por lo cual llamó al Gobierno federal a apoyar a los guerrerenses, sobre todo a las familias que siembran para el autoconsumo, que están en condiciones muy humildes.
“Es probable que esta situación (baja en la producción de maíz) incremente esa migración. Realmente van a tener que buscar una forma de allegarse de los recursos que van a necesitar para poder adquirir estos insumos para su alimentación”, destacó.
