El director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), René Miranda Jaimes, afirmó que sólo a través de una reforma constitucional “que vincule perfectamente la protección de datos personales”, este órgano podrá entregar la base del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Desde nuestra óptica, con las leyes actuales, no nos da para entregar este tipo de colaboraciones, que es entregar la información de los datos biométricos; sí nos da para que ellos hicieran consultas a la base de datos, pero para las pretensiones de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población (Renapo), me parece que tendrían que promoverse reformas legales que vincularan perfectamente el tema de protección de datos, y la autonomía del INE”, apuntó.
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En entrevista con La Razón, subrayó: “en el oficio entregado por la Segob, lo que concretamente piden es que se entregue la información, desarrollar jurídicamente su interpretación con los preceptos legales vigentes, eso es cierto, algunos de más de 30 años, argumentando por qué tienen la potestad sobre esos datos, por qué el INE tiene la obligación de entregárselo, su fundamentación, lo pidieron en una charla muy cordial en un proyecto muy importante, ojalá encuentren las vías necesarias para que vea luz su proyecto”.
Miranda Jaimes dijo que el artículo cuarto de la Ley General de Población, publicado el 22 de julio de 1992, indica que “en el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos, se utilizará la información, que proporcionará el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE, proveniente del padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la credencial para votar”.
“Debemos buscar la forma en que los ciudadanos den su consentimiento como hoy ocurre cuando proporcionan datos a cualquier institución; (previo a firmar) un aviso de privacidad”
René Miranda
Director Ejecutivo del RFE
Asimismo, recordó que el carácter que tuvo esa legislación en ese año, “era instruir a instancias del Gobierno y coordinar esfuerzos para el establecimiento de la identidad ciudadana, lo cual me parecía válido, hay decisiones en el país o el diseño institucional que han venido cambiándose, y la más relevante, que no es menor, es que nuestro andamiaje político decidió darle en 1996 su autonomía a través de la ciudadanización del instituto”.
También enfatizó que el único diferendo con la dependencia federal, “es si se debe partir de la información que nosotros tenemos, y que difícilmente un artículo transitorio que data de 1992 puede alcanzar, digamos efectos también hacia un órgano autónomo, porque además una de las premisas de esa autonomía, era justamente salvaguardar el padrón electoral y el Gobierno en turno, no importa qué partido fuese, pues no tuviese injerencia sobre la construcción, gestión y uso de los datos de los ciudadanos”.
Explicó que el INE ha suscrito alrededor de 150 convenios con empresas y el sector público, aunque aclaró que sólo es para verificación, porque “nadie, sólo el INE, es el único que tiene bajo resguardo los datos biométricos”.
“Debemos buscar la forma en que los ciudadanos den su consentimiento como ocurre cuando tú, proporcionas datos a cualquier institución; hay un aviso de privacidad que dice cuál va a ser el destino y el cuidado de esos datos. La Constitución también lo establece que obliga a tener ese consentimiento”, dijo.
El dato: El PRD en la Cámara baja respaldó la negativa del INE de dar a la Segob los datos biométricos del padrón electoral.
