En México, mujeres jóvenes son las que están más expuestas a violencia extrema y feminicidios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 42.9 por ciento de las víctimas de feminicidio tienen menos de 30 años.
El informe, emitido en noviembre de 2019, indica que, además, las mujeres “son asesinadas con mayor violencia y saña (que los hombres), en eventos donde se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir y sobre todo, conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someterlas”.
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Detalla el Inegi que 30 de cada 100 mujeres fueron estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, golpeadas con algún objeto o heridas con un arma punzocortante. En 57.2 por ciento de los casos se usa arma de fuego, porcentaje menor al de los hombres, que es de 71.7 por ciento.
El feminicidio, no sólo se trata de un homicidio de mujeres, sino ante todo es la expresión más brutal del patrón de género que es permisible y poroso ante la violencia contra las mujeres, detalla el documento. Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio alertó que la sociedad se está haciendo “invisible” ante el repunte de los casos.
María de la Luz Estrada, coordinadora de esa organización, hizo referencia al caso de Ingrid, a quien su esposo mató y desolló, pues señaló que los vecinos escucharon y entraron en pánico, por lo que evitaron denunciar; además de que ya había antecedentes de violencia.
“Si ella ya tenía una denuncia y no le hicieron caso por el contexto de violencia en el que vivía, se debió hacer caso más que nunca. Al final de cuentas nadie la rescata a pesar de que veían que era maltratada; la sociedad también tiene la responsabilidad de denunciar cada vez que pidió ayuda o que vieron que era maltratada”, dijo, en entrevista con La Razón.
Estrada agregó que los asesinatos contra las mujeres son cada vez más violentos y muchos agresores quedan impunes.
Ana Yeli Pérez Garrido, también integrante de esa organización, manifestó que hay consternación por la gravedad del hecho, del que dijo es un mensaje para el fiscal General de la República (FGR) de que las sanciones en este delito deben considerar las razones de género.
Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, señaló que desde esta asociación civil se registra un aumento de casos de violencia familiar en los que la mujer está en peligro y las autoridades no siempre hacen caso a las llamadas de auxilio.
“Esto las pone en riesgo, las revictimiza y por supuesto que lleva a que muchas de ellas no tienen el derecho de acudir a espacios de protección”, indicó.
En ese sentido, Aracely Rodríguez, del colectivo Colibrí,señaló que las autoridades deben hacer más caso a las denuncias que hacen las mujeres y sancionarlos con la pena más alta de hasta 60 años, ya que los sistemas de justicia endebles ocasionan que los asesinos salgan libres.
