Más que elevar las penas para los feminicidas y crear alertas de género, se deben crear políticas públicas en el trabajo, escuela y familia que en verdad protejan a la mujer de la ola de violencia que las ha puesto en riesgo durante los últimos meses, aseguró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
En entrevista con La Razón, señaló que el aumento de penas no ha impactado en nada en la mejora de la investigación donde hay problemas.
En el Estado de México, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México el delito de feminicidio tiene las mayores condenas, pero dijo que tampoco sirve tenerlas si no existe la investigación para comenzar el proceso.
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"El problema está en lograr una política pública de prevención del delito, haciendo investigaciones que permitan saber y lograr vincular a lo crimínales, ese es el paso esencial; lo otro se tiene que analizar porque no ha dado resultados", destacó.
La activista dijo que otro problema es homologar el tipo penal para que se investigue como un solo delito en el país, ya que cada estado tiene su legislación diferente.
"Al menos 14 entidades cuentan con el tipo para acreditar el delito, pero me preocupa que nos haya esfuerzos por combatir el delito, ya que siguen sin revisarse las políticas de prevención y la ola de violencia continua".
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Añadió que la alerta de género es un mecanismo de protección urgente y se decretan para unificar esfuerzos para atender a la mujer de inmediato. En la Ciudad de México la pusieron en noviembre de 2019, pero es cuestionable si ha funcionado o no.
En el caso de Fátima, los protocolos fueron muy tardíos y se actuó muy tarde.