La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en siete universidades públicas por servicios que se ofrecieron a dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Diconsa, entre otras, pero que al final subcontrataron a empresas que no cumplieron con los contratos, un esquema similar al de la llamada Estafa Maestra.
De acuerdo con la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2018, las instituciones provocaron un daño al erario por más de 745 millones de pesos. Entre ellas se encuentra la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSin) y la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam); además del Instituto de Especialistas en Recursos Naturales y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (Itsco), siendo éste el peor de los casos.
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La auditoría 2018-4-99384-23-0136-2019 revela que el Itsco suscribió 15 instrumentos jurídicos desde el ejercicio 2014 al 2018 por servicios de mantenimiento, actualización, desarrollo y documentación de sistemas de información; así como el Diseño, Desarrollo y Construcción de los Tableros de Control para la Solución Holística de Información Estratégica y de Logística con nueve dependencias por 282 millones 426 mil pesos.
Sin embargo “no contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para el cumplimiento del objeto de los instrumentos jurídicos antes referidos, ni capacidad jurídica para la suscripción de los convenios y/o contratos con las dependencias y entidades de la administración pública federal”, por ello, dice el documento, “requirió la contratación de terceros en más de un 49 por ciento”.
Por ejemplo, en un convenio con Diconsa, el Itsco subcontrató a Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S., para la prestación de los servicios pactados, pero esta firma tampoco pudo acreditar la prestación de los mismos; por lo que la ASF determinó un probable daño o perjuicio al erario por 39 millones 722 mil 806 pesos.
Otro contrato irregular es el que Itsco convino con la Sedatu. En el pliego de Observaciones 2018-4-99384-23-0136-06-006 se detalla que subcontrató 99.45 por ciento de los recursos que le dio la dependencia encabezada en ese entonces por Rosario Robles, a las empresas Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan; Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V., y Prestadora de Servicios Kima, S.A. de C.V., sin justificación alguna que compruebe las transferencias de los recursos. De esta manera la ASF detectó un daño a la Hacienda Pública Federal por 50 millones de pesos.
El Itsco aplicó el mismo esquema con contrato de servicios a Caminos y Puentes Federales (Capufe) que no fueron terminados, así como convenios de asesoría con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), servicios profesionales con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otros.
En una situación similar se encuentra la de Huatusco por un contrato de servicios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Indaabin por 91 millones 272 mil pesos, quienes a su vez contrataron a un tercero para la realización de diversos servicios.
La de Chapingo incurrió en irregularidades por 35 millones 749 mil pesos, pues en contrataciones de servicios con Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), Diconsa y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se determinó que los recursos fueron transferidos a cuentas bancarias personales y no existen pagos a proveedores ni evidencia de realización de trabajos por parte de personas físicas y morales.
La UANL no logró acreditar 45 millones 188 mil pesos por contratos que no correspondían a la etapa de una obra; además, no se comprobó la contratación de 23 personas para la obra de un salvamento arqueológico por parte de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
El monto por aclarar de la Politécnica de Sinaloa es de 35 millones 709 mil pesos, de los cuáles no acreditó una prestación de servicios por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), ya que no contaba con la capacidad técnica y humana para realizar una labor, por ello subcontrató a siete personas morales, quienes tampoco acreditaron haber realizado los trabajos.
El dato: La investigación Estafa Maestra de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se publicó en septiembre de 2017.
Con la SEP suscribió el “Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior”, del que debía entregar recursos a alumnos, pero esto nunca se hizo.
Otra universidad con el mismo esquema de falsa contratación de servicios es la UTCam, con 90 millones 843 mil pesos por aclarar en contratos con el Imcine y la SCHP, además de que fue la misma SCHP quien dijo no tener conocimiento de dichos contratos con la casa de estudios y con el Imcine no hay documentos que acrediten algún contrato.