Por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia relacionados con el caso Iguala, un juez federal giró orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y otros cinco exfuncionarios federales, por lo que las autoridades ya solicitaron a la Interpol que emita la ficha roja para localizarlo.
Desde el 10 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo seis órdenes de aprehensión contra el responsable de la investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y contra Carlos Gómez Arrieta, Ezequiel Peña Cerda, Isidro Junco Barajas, Agustín Castillo Reyes y Julio Contreras Saucedo por actos de tortura.
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Apenas el martes, Peña Cerda, exdirector de área en la AIC, y Junco Barajas, quien se desempeñaba como Subdirector de Control Operativo de Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, fueron detenidos, el primero, a las afueras de la FGR, y el segundo, en el exterior del recinto de San Lázaro.
Se sabe que en el otoño de 2019, Zerón de Lucio salió de México rumbo a Canadá, y no saben si se quedó ahí o viajó a otro lado, por lo que las autoridades decidieron solicitar a Interpol la emisión de una ficha de localización.
El extitular de la AIC es señalado de manipular pruebas durante la diligencia realizada en el río San Juan, en compañía de El Chereje, un integrante del grupo Guerreros Unidos, en la cual fueron encontrados restos que dieron sustento a la denominada “Verdad histórica”.
Los padres de los estudiantes normalistas, que rechazan la teoría de que sus hijos fueran quemados en un basurero, han exigido a las autoridades que se castigue a exfuncionarios que habrían obstruido o afectado las investigaciones, en particular a Tomás Zerón, quien en todo momento defendió la actuación del equipo a su cargo.
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