Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que tiene abierta una investigación por presuntos actos de corrupción contra Luis Miranda Nava, diputado del PRI y extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2016 a 2018, hoy Secretaría de Bienestar, en el sexenio anterior.
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En una videoconferencia con legisladores del Partido del Trabajo, Nieto Castillo respondió a pregunta expresa sobre las investigaciones anunciadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en contra de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que no hay una persecución, pero sí cero tolerancia a la corrupción.
Respecto de la administración anterior, informó que se han presentado denuncias en contra de Rosario Robles, Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya; además "está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda y ahí lo que me ha comentado el presidente es que tengamos una política de cero tolerancia, no se persigue a nadie, pero si hubiera alguien apareciera en una investigación entonces lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho.
“No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien que apareciera en una investigación entonces lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho”
Santiago Nieto Castillo
Titular de la UIF
El funcionario no dio explicaciones en torno al asunto del diputado; sin embargo, en enero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que investigaba presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios; en dicho periodo encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.
Además, en las observaciones a la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario durante ese mismo año por 154 millones de pesos para adquirir tabletas, por el pago de dispositivos móviles (tabletas) para registrar datos del Programa de Adultos Mayores, pues debía recolectar información de los beneficiarios, pero el servicio supuestamente no se realizó y los datos no llegaron a la dependencia.
La ASF también realizó observaciones por 211 millones 704 mil pesos derivado de pagos indebidos, contratación de personal sin perfil requerido, falta de datos para el sistema de información y de un repositorio central de información, base para el Padrón Único de Beneficiarios (PUB).
En la misma reunión virtual de ayer, Santiago Nieto no abundó acerca de si el expresidente Peña está bajo sospecha o ya es investigado, sólo dijo que si su nombre aparece en las averiguaciones se procederá conforme a derecho.
“No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien que apareciera en una investigación entonces lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, y eso implica presentación de las denuncias y en su caso congelamiento de cuentas, si hay indicadores de lavado de dinero y, por supuesto, continúar con esta política institucional”, enfatizó Nieto Castillo.
Añadió que también hay instrucciones presidenciales de realizar una estrecha vigilancia en torno a los materiales y equipos médicos que se importarán durante la contingencia y aunque existe un acuerdo, firmado por la Consejería Jurídica de la presidencia, para eximir durante la crisis, algunos de los procedimientos administrativos se realiza una constante supervisión.
KA
