Por primera vez, la agresión en contra de médicos, enfermeros y personal de salud se convertirá en un delito, equiparable al robo o posesión de drogas, si los diputados avalan alguna de las siete iniciativas presentadas desde el pasado 13 de abril; desde que se detectó el primer contagio en el país ya suman 21 ataques en 12 estados.
Las propuestas fueron turnadas a comisiones, la última la presentó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, en conjunto con la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega. El turno legislativo se realizó ese mismo viernes, aunque algunas tienen al menos dos semanas que fueron presentadas.
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La semana pasada Fabiana Zepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, llamó a acabar con las agresiones. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que ha recibido 140 denuncias por discriminación en 26 entidades “la mayor parte de la Ciudad de México, con 47 casos; Estado de México, con 19, y Nuevo León.
Actualmente el Código Penal Federal, en su artículo 189, contempla por delitos contra de un servidor público con penas de uno a seis años, dependiendo de la gravedad. Ahora proponen imponer hasta 15 años de prisión más lo que marque la ley por agredir al personal fundamental para salvar vidas, como la diputada de Morena, Guillermina Alvarado.
Ella plantea que sea más penado que el homicidio en riña, sanción de cuatro a doce años de prisión, o a la evasión de reos, de seis meses a nueve años.
Otras son menos severas, como la de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, en conjunto con la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, para aumentar hasta cinco años, más lo que se imponga por el delito cometido.
En caso de lesiones que no pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de 15 días, las penas son de tres a ocho meses, así un agresor recibirá hasta ocho meses de prisión, pero con la aplicación de este agregado, podría pasar de un año tres meses a cinco años ocho meses tras las rejas, pena mayor a distribuir pornografía infantil.
Alejandro García, del PAN, plantea que la pena se incremente tres años. Si hay lesiones que dejaran una cicatriz, esa persona será castigada con dos a cinco años de prisión, más los tres propuestos, sería de cinco a ocho años de prisión y equivale al delito de traición a la patria, en la modalidad de invitar a otro estado a tomar las armas contra México o invadir territorio nacional.
En tanto, Edgar Guzmán, del PES, contempla incrementar cuatro años la pena, y si el ataque deja cicatriz, aumentaría de dos a cinco años y el agresor pasaría de seis a nueve años en prisión, más penado que un asaltante a transporte público en vías federales.
El PRD propone que al Título Decimonoveno del Código Penal Federal se le agregue un artículo 301 Bis, en donde las penas por lesiones se eleven hasta una mitad, cuando se trate de personal de salud. Así iría hasta 15 años, equiparable al delito de amenazas de cometer actos de terrorismo.
Arturo Escobar, del PVEM, busca incrementar hasta en un tercio las penas en el artículo 149 Ter, de un año y hasta tres de prisión a quienes discriminen a personal de la salud.
Mientras que José Elías Lixa (PAN) sancionará de tres a ocho años de prisión a quien cometa actos delictivos contra médicos, bomberos o policías, en un desastre natural o contingencia, similar a construir pistas clandestinas de aviación.
Las iniciativas se encuentran en comisiones, si fueran aprobadas y enviadas al pleno para su votación, todavía deben pasar por la revisión de la colegisladora, y podría tardar hasta septiembre, en el próximo periodo ordinario o si se aprueba un extraordinario.
El dato: Algunas de las agresiones que ha denunciado el sector, son insultos, que los bajen del transporte público o que les avientan basura, cloro o algún químico.