La Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó los señalamientos de legisladores de Acción Nacional, de haber violentado la soberanía del Congreso de Nuevo León, tras haberse desechado la iniciativa sobre Pin Parental, que promovía que los padres aprobaran o rechazaran por escrito, la educación de sus hijos en temas polémicos.
En una tarjeta informativa, la dependencia federal subrayó que la Constitución, además de otras leyes, la facultan para formular y conducir la política interior del Ejecutivo federal, así como las relaciones de este con los gobiernos de las entidades federativas.
“El pronunciamiento de esta Secretaría sobre la reforma que pretendió aprobar el Congreso de Nuevo León, no constituye ni fue pensada como un mecanismo de presión; sino, por el contrario, como la materialización de los mandatos constitucionales contenidos en el artículo tercero de la Constitución"
Lo cual, de acuerdo a la dependencia encargada de la política interna del país, "concatenado con las facultades señaladas, obligan a la Segob a velar por el cumplimiento del precepto constitucional que ordena que corresponde al Estado la rectoría de la educación, y que la que éste imparta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica".
Además, la Segob enfatizó que “dichas leyes permiten también fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.
El viernes pasado, diputados del Congreso de Nuevo León rechazaron la reforma al artículo 3 de la Constitución de esa entidad, que desechó la creación del pin parental, que es un permiso escrito para que los padres de familia puedan autorizar o rechazar que sus hijos reciban educación en temas sobre sexualidad, reproducción y género en el sistema educativo.
El nombre proviene de una propuesta que formuló el partido español Vox para dotar a los padres de familia de un pin (siglas de “personal identification number”), para obligar a autoridades educativas a informar a las familias de todas las actividades escolares complementarias y establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no.
En su respuesta, la Segob agregó que también es garante del carácter laico del Estado mexicano y quien debe vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país.
“A esta institución corresponde coordinar, en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, la promoción y defensa de los derechos humanos”, resaltó.
La dependencia federal recordó que el exhorto que emitió al Congreso de Nuevo León el pasado 28 de mayo sobre las reformas concernientes a implementar la política educativa sobre el llamado “PIN Parental”, está sustentado en los artículos 3, 40 y 90 de la Carta Magna, además de la Ley.
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