El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que fue un "crimen de Estado" el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido el martes en su domicilio de la ciudad de Colima.
"Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones", dijo.
Durante su participación en una videoconferencia con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el ministro de la Corte reconoció que desde el primer momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció apoyo total y coadyuvar en las investigaciones de estos lamentables hechos.
Que no haya duda que éste es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo ladoArturo Zaldívar, Presidente de la SCJN
Rechazó seguridad personal
Desde 2019, el juez Villegas renunció a la protección que se le había brindado por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar que su vida y la de su familia no corrían ningún riesgo, a pesar de que los casos que analizaba se relacionan al narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo”, citó en una carta que circuló ayer en redes.
El ministro Arturo Zaldívar confirmó que el impartidor de justicia asesinado renunció a la protección federal con la que contaba, por lo cual el CJF le extendió un oficio para que reconsiderara su posición, pero la volvió a rechazar.
El presidente de la SCJN adelantó que no había indicios de alguna amenaza, e incluso contó que les dijo que estaba muy tranquilo, a gusto sin protección federal porque no había riesgo sobre vida, pero no se trató de ajustes en el presupuesto, porque “en la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”.
Tras condenar el asesinato, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), consideró que este crimen es un fiel reflejo de la imparable violencia que vive el país y que ningún orden de Gobierno ha podido contener.
Desde Coparmex condenamos el homicidio. No puede tolerarse que se atente más contra la vida de policías, militares, jueces y sus familiasGustavo de Hoyos, Presidente de la Coparmex
En un comunicado, el organismo empresarial demandó a las autoridades garantizar la seguridad de los jueces federales y sus familias, y propuso la implementación la figura del “juez sin rostro”, con la finalidad de brindar todo tipo de garantías a los impartidores de justicia para que ejerzan con imparcialidad su labor.
Por separado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó a las condenas, y en nombre de sus integrantes, su presidenta, Mónica Fernández, destacó que preocupa “que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones. No se deben de tolerar actos de violencia sobre quienes realizan una labor tan importante de garantizar el estado de derecho”.
(Preocupa) que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones; la falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcialMónica Fernández, Presidenta de la Comisión Permanente
Suma Colima al menos 9 políticos asesinados
En el estado donde el martes fue ejecutado el juez Uriel Villegas, al menos nueve funcionarios, exfuncionarios y políticos electos para cargos federales, estatales y municipales han sido asesinados en Colima durante la administración de Ignacio Peralta.
De acuerdo con un recuento realizado por La Razón, el primero de estos casos ocurrió el 6 de julio de 2016, cuando Jaime Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez, fue asesinado en la Avenida De los Maestros.
El 9 de agosto de 2017, el director de la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, Daniel Cortés, fue asesinado a unos metros del domicilio de sus padres, en la colonia Infonavit Brisas.
No habían pasado ni dos meses cuando la mañana del 20 de octubre de 2017 Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, fue asesinado a bordo de su vehículo.
En noviembre de ese mismo año, Christian Montero, exdirector operativo de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, fue acribillado. En 2011 había sido detenido por nexos con delincuentes y en 2014 ya había sufrido un atentado.
El 20 de febrero de 2018, hombres armados arribaron a un predio en la periferia de Tecomán, y con armas de fuego ejecutaron al regidor Martín Cázares, quien aspiraba a ser diputado local.
Exactamente un mes después, el 20 de marzo, fiue ultimado Javier Álvarez, subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social del estado, cerca de su domicilio.
La siguiente víctima fue Rosalío González, regidor electo por Morena para el Ayuntamiento de Armería, asesinado en una tienda de la que era dueño, el 2 de agosto de 2018.
También un exfuncionario de otro estado fue víctima de la violencia en el estado; Mario Álvarez, quien dos veces ocupó la presidencia municipal de Aquila, Michoacán, fue ejecutado en agosto de 2019 cuando circulaba en la colonia Burócratas de la capital de Colima.
Apenas el pasado 3 de junio, fue localizado en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Anel Bueno, quien llevaba 34 días desaparecida, luego de ser presuntamente secuestrada cuando repartía despensas en Ixtlahuacán. La legisladora fue diputada suplente y secretaria particular de Crispín Gutiérrez.
Además, en el estado han sido asesinados 22 policías desde 2018, de acuerdo con la organización Causa en Común: siete en 2018, cuatro durante 2019 y en lo que va de 2020 suman 11.
Destacan los casos de Mayra Janeth Gálvez y Eliseo Victoriano, quienes eran directora y subdirector de la corporación municipal de Armería y fueron atacados a tiros en mayo de 2018.
Asimismo, alcanzaron relevancia mediática los siete policías localizados el 2 de junio pasado en la finca La Huerta, en los límites con Jalisco, a donde habían sido enviados para escoltar a empresarios; esto derivó en la renuncia del exsecretario de Seguridad, Enrique Sanmiguel.
El estado, que tiene la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de todo el país desde 2016, reporta tres mil 74 víctimas de asesinatos entre febrero de 2016 (mes en el que inició la administración de Peralta Sánchez) y abril de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
