A unas horas de concluir el plazo para impugnar el decreto presidencial para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad, se han presentado tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los actores que promovieron las acciones son la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; y el presidente municipal de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez.
Las tres controversias contra el decreto, publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron remitidas a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien aún no las admite a trámite.
El 12 de junio pasado, a través del consejero jurídico del Poder Estatal de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles, bajo la controversia 87/2020, pidió a la Corte declarar la invalidez del decreto, ya que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Mientras tanto, el municipio de Colima presentó la controversia constitucional 85/2020 en la que también impugnó el decreto expedido por el presidente López Obrador, con el fin de sacar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad en los próximos cinco años.
A su vez, la diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara baja, también recurrió a la SCJN para controvertir el decreto presidencial, con el respaldo del PRI y Movimiento Ciudadano, así como senadores del PAN, y el rechazo de las fracciones de Morena y Partido del Trabajo.
Estas últimas bancadas en San Lázaro consideraron que la controversia promovida por Rojas, no representa la opinión de la mayoría parlamentaria, ya que sus argumentos son falsos y están marcados por una clara intencionalidad política y con "tintes partidistas".
El decreto establece que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en las calles, sin exceder los cinco años, será hasta que la Guardia Nacional logre desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial.
En ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que a pesar de los avances sobre la implantación territorial de la GN, aún está en proceso de consolidación, sobre todo en el despliegue que se necesita para cubrir todo el territorio nacional.
kl
