La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó este martes que se presentará un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras.
Vamos a presentar un fraude de 43 empresas factureras, están relacionadas. Participaron 8 mil 212 entre empresas y personas morales con estas empresas factureras, indicó.
Las firmas factureras presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, las cuales causaron 24 mil 583 mdp de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 mdp de Impuesto al Valor Agregado (IVA), añadió.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro, titular del SAT, y el procurador fiscal Carlos Aranda anunciaron que del monto total se podrían recuperar alrededor de 19 mil millones de pesos, luego de haberse revisado 22 millones de facturas.
Buenrostro Sánchez informó que estas acciones representan el primer paquete de facturas falsas detectadas en el área de contribuciones, en la que participaron 244 clientes que compraron estos documentos ilícitos, con el fin de evitar declarar impuesto al SAT.
Vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario invitándoles a que se regularicen, muchos de estos fueron engañados sin darse cuenta que compraron facturas a empresas involucradas con el crimen organizado, indicó.
Por su parte, el procurador Carlos Aranda advirtió que "el mensaje que se manda hoy es que se acabó la fiesta; tenemos que pagar impuestos, cumplir con nuestras obligaciones fiscales (...) No hay crimen perfecto, lo vamos a demostrar, vamos a llegar a las cabezas".
Adelantó que en el transcurso del día se presentarán las siete querellas contra los principales grupos de estas facturas, para cuadrar los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada en contra de personas morales.
En la conferencia mañanera, explicó que por este delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada se alcanzaría una sanción de nueve años de prisión.
Comentó que se dará tres meses a las personas que incurrieron en estos delitos para que se regularicen y si no lo hacen se presentarán las querellas contra quien vendió facturas y los que las compraron porque hubo un contubernio criminal.
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