El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de coadyuvar en la lucha del gobierno federal contra las empresas fantasmas y otros delitos relacionados con la evasión fiscal.
“La propuesta concreta consiste en que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, la Federación, Ciudad de México, Estados, Municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios”, señaló el diputado con licencia a través de un comunicado.
Con ello, aseveró, se contribuiría a eliminar los incentivos para la compra y venta de facturas falsas sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes:
“Los organismos internacionales han generado diversas recomendaciones de progresividad en la política fiscal. Además, se ha sugerido la celebración de una Convención Nacional Hacendaria que permita cubrir los vacíos existentes en el esquema tributario mexicano”.
La propuesta, también contempla que los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, queden excluidos de dicha obligación.
Ramírez Cuéllar celebró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esté trabajando para combatir la evasión fiscal las cuales consideró “prácticas que afectan al sistema fiscal mexicano y generan ganancias ilícitas multimillonarias”.
“El principal cliente de la facturación falsa era el sector público, pues operaban con un esquema de múltiples servicios que servían de fachada para la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y facturas falsas.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y muchas dependencias del sector públicoRamírez Cuéllar, <br>presidente interino de Morena
Recordó que, desde septiembre del 2018, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados denunció públicamente la situación e hizo un llamado para analizar la gravedad de la facturación falsa.
Datos del SAT estiman que alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 200 empresas publicadas en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas.
“Estos recursos podrían entrar a las arcas del estado y contribuir al financiamiento de programas sociales”, apuntó el presidente de Morena.
Recalcó que además de sus propuestas, los legisladores de MORENA promovieron iniciativas que este año entrarán en vigor, con el Decreto que tipifica a la defraudación fiscal y a la compra y venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto sea superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos.
