El teléfono de José Antonio Yépez Ortiz, Marro, sonó apenas unos segundos antes de que elementos federales irrumpieran en la casa de seguridad donde mantenía secuestrada a una empresaria de Apaseo el Alto. El “pitazo”, desde un caseta telefónica cercana, llegó tarde y muestra de ello es el teléfono celular que quedó en el lugar.
Labores de inteligencia militar y el cruce de datos con la Fiscalía Estatal de Guanajuato (FGE) permitieron ubicarlo en la comunidad de Franco Tavera, en el municipio de Santa Rosa.
Cuando policías y militares ingresaron, Marro intentó escapar por el fondo, se escucharon balazos, alcanzó a llegar a la siguiente casa, pero en la calle, ya lo esperaba otro grupo de efectivos. Cercado, cayó de rodillas y se dio por vencido sin oponer resistencia, de acuerdo con fuentes federales consultadas.
Con unos minutos de diferencia el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y después el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informaron que el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) fue detenido en la madrugada en un operativo conjunto; este último reveló que Yépez Ortiz sería trasladado al penal de El Altiplano, en el Estado de México, por cargos de delincuencia organizada y robo de combustible; sin embargo, hasta el cierre de la edición, continúa rindiendo su declaración ante la Fiscalía estatal.
“Con la ejecución de las órdenes de cateo, además del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fueron capturados en el mismo domicilio cinco de sus cómplices, identificados como Raúl Alberto “N”, El Diente; Silvestre “N”, Saulo Sergio “N”, El Salulo; Guillermo “N” y José Cruz “N”.
Además, en otro domicilio se detuvo a una mujer identificada como Angélica “N”, operadora financiera del grupo criminal, de acuerdo con la Fiscalía estatal; posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que junto a ella cayeron dos personas y les decomisaron armas de fuego, vehículos y más de 30 mil pesos en efectivo.
Así se cerró el cerco que autoridades iniciaron en noviembre de 2019, cuando intervinieron los teléfonos de María, madre del líder criminal, y dos meses después capturaron a Karina, su esposa en Celaya.
Tres meses después, Rodolfo Yépez, padre de Marro, fue detenido cuando policías seguían una camioneta con reporte de robada. Posteriormente, cayó Armando “N”, El Miclo, considerado el segundo al mando del cártel, el más violento y responsable de enfrentar a grupos rivales.
Desde el 21 de junio el círculo de Yépez Ortiz se achicaba; ese día fueron detenidas su madre, hermana y más de 30 personas en Celaya.
La respuesta del cártel fue violenta quemaron vehículos y bloquearon más de 47 puntos en 13 municipios, entre ellos Villagrán, Cortázar, Acámbaro, Salvatierra, Juventino Rosas, Tarimoro, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Salamanca y Jaral de Progreso.
Sin embargo, Marro comenzó a cometer errores: grabó videos tras la detención de su madre, en lo que advirtió que “las cosas se pondrán de a peso” y que se “convertirá en la piedra en el zapato del gobierno”. La georreferenciación permitió ubicarlo en Querétaro y seguir su pista.
El 25 de junio durante la conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en las reuniones del gabinete de seguridad se revisa la inteligencia militar y civil sobre la actuación de estos grupos: “por esta ocasión, porque es información que se debe mantener con reserva, pero para que sepan que sí tenemos información”.
Inteligencia que un día antes llevó a la captura de Emmanuel o José Guadalupe “N”, El Mamey, de los hombres de mayor confianza de Marro y quien controlaba la plaza de Celaya. Este golpe debilitó a Yépez Ortiz en su capacidad operativa, pues sus principales hombres de confianza habían sido capturados.
Expertos prevén extinción del cártel
La detención de José Antonio Yépez Ortiz, Marro, representa prácticamente la extinción de su empresa criminal; sin embargo, analistas advierten en entrevista con La Razón que el grave problema es que ahora podría darse una lucha entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y el del Noreste por el control del huachicoleo.
El especialista en seguridad Jorge Alberto Lara señaló ahora el reto es la contención de una posible respuesta y reajuste de liderazgos: “otro asunto al que deberán poner atención será a la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
El analista señaló que, sin duda, la detención de Yépez Ortiz es un logro, porque se enfrentó y remontó la intensa violencia en Guanajuato.
En tanto, el analista Juan Ibarrola afirmó que al detener al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima este grupo delictivo ya no tiene capacidad de respuesta o de lo contrario ya hubieran actuado “si tuvieran capacidad de respuesta de fuego, se habría visto durante (ayer), pero no ocurrió, lo que habla de que el único liderazgo que tenían, ya fue detenido”.
“La desarticulación de la organización demuestra que sí hay una estrategia de seguridad y da resultados; hay una estrategia financiera y operativa, la detención de sus padres le provocó un golpe emocional tremendo y esa estrategia se cierra con su detención”, destacó.
Por separado, el investigador de la UNAM Javier Oliva dijo que los escenarios para su organización son dos: una lucha inercial al interior del cártel y medidas de las autoridades contra la delincuencia organizada: “El primero es la fragmentación de la organización y una lucha violenta por imponerse a las otras fracciones. El optimista es que las autoridades tomen medidas para evitar que esto suceda, de lo contrario se avecinan escenarios conflictivos”.
Agregó que el CSRL se ubica en la línea de fuego del discurso gubernamental, pues una de las promesas fue acabar con el huachicoleo.
A dicha organización, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio un gran golpe al bloquear 99 cuentas bancarias de personas y empresas ligadas a Yépez Ortiz; 43 relacionadas con personas físicas y 56 de personas morales, que pertenecen al cártel.
Por estas acciones el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que presentó una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Con información de Sergio Ramírez y Frida Sánchez
