La Interpol emitió una ficha roja para buscar en 195 países a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, quien tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con funcionarios federales, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal porque desconoce el paradero de Billy Álvarez y tiene sospechas fundadas de que salió del país.
A finales de julio, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la orden de captura, a petición de la FGR, contra Álvarez Cuevas, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
En caso de ser detenido, si se considera que existen elementos suficientes para acreditar delincuencia organizada, el exdirectivo de la Cruz Azul no tendría derecho a libertad bajo fianza y podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión, porque es identificado como el líder de un grupo delictivo.
Aparte de Billy Álvarez, se giraron órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez Álvarez, director financiero de la cooperativa; Miguel Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirectivo, y del abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.
En caso de ser encontrados responsables, los coacusados alcanzarían una condena de 10 a 20 años de prisión por delincuencia organizada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantiene bloqueados los recursos financieros de Álvarez Cuevas, así como los de su hermano José Alfredo y su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.
La medida se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero, aunque las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul, están libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores.
Las investigaciones involucran el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de este año.
Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee plantas en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.