Elías Beltrán, exencargado de despacho de la PGR, busca amparo contra investigación

La Secretaría de la Función Pública lo indaga por malversación de fondos; juez le da 5 días para que precise su solicitud

Alberto Elías Beltrán en una imagen de marzo de 2018. Foto: Cuartoscuro

El exencargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, busca un amparo para evitar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúe la investigación en su contra por presunta responsabilidad administrativa, sin embargo, el juez no lo admitió de inmediato.

El recurso promovido por quien se quedó al frente de la PGR tras la salida de Raúl Cervantes, se encuentra en prevención, es decir, no ha sido admitido por el juez Segundo de Distrito, Germán Cruz Silva, quien le dio un plazo de cinco días para que precise los actos de autoridad reclamados.

Lo que el juez le está pidiendo a Arturo Elías es que determine qué autoridad violó sus garantías individuales y por ello demanda en juicio la protección de la justicia.

La mayoría de los amparos promovidos, cuando son aceptados por el juez, se declara la suspensión provisional como medida preventiva para evitar que el promovente continúe sufriendo abuso de la autoridad, en este caso, el juez no ha negado la protección judicial, pero pide que se aclare contra quién es la demanda y los hechos que se denuncian.

El amparo promovido por Elías Beltrán se presentó el pasado 18 de agosto y este lunes, el juez determinó darle cinco días para la precisión antes de pronunciarse sobre el mismo.

Elías Beltrán enfrenta una investigación, pues desde inicios de 2019 fue acusado de presuntos malos manejos por cerca de 30 millones de pesos, a través de presuntas compras y rentas de vehículos, algunos de ellos blindados, sin que existiera justificación administrativa para ello.

La supuesta malversación de fondos fue detectada por el Órgano Interno de Control de la PGR, un organismo que depende directamente de la Secretaría de la Función Pública.

Elías Beltrán argumenta que esa situación fue resuelta y que la SFP omitió “mencionar las causas de improcedencia de la responsabilidad administrativa”, para dar por concluido el caso.

kl

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