La Cámara de Diputados se prepara para discutir el próximo miércoles modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esta ley, que fue reformada en noviembre de 2018, establece que ningún servidor público puede tener un salario mayor al que perciba el presidente de la República.
Sin embargo, la modificación Constitucional resultó negativa para funcionarios a quienes se les recortó el salario y presentaron diversos medios de impugnación, desde amparos hasta acciones de inconstitucionalidad.
Los más visibles fueron los consejeros electorales que promovieron esos amparos, aunque un gran número de funcionarios de organismos autónomos se sumaron a la protesta.
La nueva legislación establece la fórmula para calcular el ingreso que deberán recibir los empleados del gobierno federal, basado en el cálculo del ingreso del presidente de la República.
El monto no exceda el equivalente de multiplicar el Producto Interno Per cápita de referencia por el número de grupos jerárquicos definidos en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, adicionando el nivel de presidente de la República
"El Producto Interno Per Cápita de referencia es el promedio del PIB per cápita de los últimos tres años anteriores al ejercicio presupuestal correspondiente", señala la iniciativa de reforma.
Estos valores son proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y serán la base del cálculo de todos los salarios de servidores públicos.
Está nueva iniciativa no cuenta con el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y ya se anunciaron reservas a la iniciativa que busca abrogar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
KA
