Sí nos interesa la inversión privada, ataja el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Cedric Escalante, uno de los funcionarios con más experiencia en el ramo, y recalca: “no veo yo que haya un resquemor” —de parte de la dependencia en la que labora— relacionado con la participación de la IP.
¿Por qué nos interesa?, se pregunta, en una charla con La Razón. “Porque independientemente de que pudiéramos a lo mejor estar el próximo año a niveles presupuestales equivalentes a los de este año, necesitamos mayor inversión. Estamos convencidos de que la inversión en infraestructura es un elemento fundamental que contribuye al desarrollo, al desarrollo económico fundamentalmente, pero también al social”.
En la víspera de que se anuncie el Plan de Reactivación del sector privado —gestionado entre la cúpula empresarial y el Presidente—, en el que se consideran obras de infraestructura, Escalante Sauri da cuenta del estado de la relación que en el caso del área que encabeza en la SCT se tiene con la inversión privada, y explica, además, asuntos que han sido objeto de polémica, como el del contrato que obtuvo una empresa —de la que ya se desligó—, poco antes de la elección presidencial de 2018.
¿Por qué no se ha abierto más esta administración al tema de la inversión privada? Yo creo que la apertura está dada. Lo que sí necesitamos buscar es que sean proyectos que se justifiquen. Porque hay varios esquemas en esta participación de la IP. Hubo un acuerdo que ustedes conocen bien, a través del Consejo Coordinador Empresarial, que se firmó el año pasado. Y de esos proyectos varios eran los que veníamos trabajando o teníamos ya en el radar para echarlos a andar y algunos de ellos fueron para acelerar esta inversión. Nos pusimos a hacer desdoblamientos carreteros, y ahí hay otra puerta para la inversión privada. Es otro universo, pero el año pasado nos propusimos, a partir del acuerdo, hacer cinco desdoblamientos carreteros. Éstos son de empresas que ya tienen una concesión, y en ella se establece la posibilidad de construir un tramo adicional. Ya llevamos a cabo toda la tramitología, nos llevó de mediados del año pasado al primer trimestre de éste, y ahorita ya estamos en la implementación y/o construcción de estos desdoblamientos. Y tenemos otros en puerta y hay concesiones en puerta y hay proyectos no solicitados. O sea, sí nos interesa la inversión privada.
¿A qué atribuye entonces este discurso: la constante exigencia de garantías; de confianza? Nosotros no hemos tenido un solo problema. En la experiencia en materia de concesiones carreteras, que son de las que yo puedo hablar, no hemos tenido un solo problema. Se les autorizan sus tarifas conforme al precio. Aquí más bien, la batalla en las concesiones en algunas regiones, han sido cuestiones de inseguridad, toma de casetas que afortunadamente también ya estamos con toda una estrategia ahí y con un acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, y se han ido recuperando algunas casetas que no se habían podido recuperar.
¿En las alianzas público–privadas no hay una especie de resquemor? La iniciativa privada, en lo que estamos planteando, está participando. Y tiene propuestas. No veo yo que haya un resquemor. Se habla de que se dé seguridad y, bueno, si firmas un documento jurídico, entiéndase un contrato o una concesión, ahí quedan establecidas las bases jurídicas. O sea, no hay mucho para donde hacerse ¿no? Lo que sí es importante aquí es señalar que quizás en materia de concesiones ha sido necesario revisar el modelo de la concesión ¿no?, para que éste reparta de una manera un poquito más igualitaria los riesgos–proyecto, llamémosle de esa manera. Pero sí estamos abiertos, lo hemos dicho en foros y demás: ‘¡no, hombre, por favor! No vayan a invertir en otro lado, inviertan aquí’.
¿CONFLICTO DE INTERÉS? En la conversación que se lleva a cabo en sus oficinas, en plena mudanza —la SCT cambiará su sede de una torre de Parque Toreo a un inmueble en Coyoacán—, el funcionario acepta sin cortapisa comentar sobre el contrato que recibió la que entonces era su empresa, Consultores y Constructores Escalante, días antes de la elección del Presidente López Obrador.
“Ninguno”, recalca el funcionario cuando se le pregunta sobre un posible conflicto de interés, y explica: “El contrato lo obtuvieron tres empresas, entre ellas Consultores y Constructores Escalante, S.A. de C.V”. El proceso de licitación se realizó en mayo de 2018, y el fallo de Banobras se dio el 22 de junio tiempo en el que, expone Escalante, ni siquiera se suponía quién ganaría la elección ni tampoco había sido señalado como un posible integrante del equipo de la SCT.
Fue hasta el 7 de agosto, precisa, cuando en una reunión a la que asistió Andrés Manuel López Obrador ya como Presidente electo, Javier Jiménez Espriú indicó que si fuera designado titular de la SCT invitaría a Escalante como subsecretario de Infraestructura. Es entonces, aclara, que decide realizar los trámites para separarse de la empresa, lo cual concreta el 12 de agosto mediante un acta de cambio de accionistas.
La Razón tuvo a la vista la escritura correspondiente, con sellos, firmas y hologramas de dicho trámite que tuvo fecha de conclusión el 28 de noviembre de 2018; es decir, antes de que iniciara la actual administración, el 1 de diciembre.
El funcionario aclara además que el contrato citado no fue otorgado en el ámbito de la SCT sino en el de Banobras y no fue, como se ha informado, por más de tres mil millones de pesos, sino por 77 millones, por una duración de dos años y para una gerencia de proyecto. En ese punto advierte un exceso, pues con ese dato falso sobre el monto del contrato se pone en riesgo incluso a su familia.
Escalante atribuye el que este asunto haya crecido en ciertos espacios mediáticos a las acusaciones que ha hecho el diputado potosino por Morena Ricardo Delsol Estrada, quien tiene una rivalidad política con una familia de apellido Medina, la cual tiene integrantes que han concursado y ganado contratos.
Señala que a partir de los señalamientos del legislador se revisó si hay algún conflicto de interés y no se encontró que así fuera. Hubo después un segundo señalamiento del mismo legislador que apuntaba supuestas relaciones familiares del subsecretario con la esposa del empresario señalado. Escalante responde: “No tengo el gusto de conocer a Medina y menos a su esposa y tampoco es familiar mío”.
¿Piensa llevar a cabo alguna acción legal? Por supuesto que sí. Ya no existe el concepto de difamación, pero existe el de daño moral, entonces yo creo que esto está bien tipificado como daño moral. ¿Por qué?, porque después este hombre (Delsol) va a Veracruz y empieza a armar también un esquema parecido ¿no?, y (declara) que yo había beneficiado a un empresario veracruzano… ¡híjole! en Veracruz hubo 72 contratos ¿no? Y además las licitaciones están desconcentradas, o sea, no las hacemos nosotros.
El funcionario, de 73 años, acusó que no sólo se está afectando su imagen, la cual ha tratado de cuidar, sino la integridad de su familia. “Así que no hay nada que evaluar aquí, vamos a actuar”.
La iniciativa privada, en lo que estamos planteando, está participando. Y tiene propuestas. No veo yo que haya unCedric Escalante<br>Subsecretario de Infraestructura de SCT
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