El grupo parlamentario del PRI presentará este jueves, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa denominada “Ley quemón”, con la cual busca exhibir públicamente a los agresores sexuales y a quienes no pagan pensión alimenticia.
“La iniciativa busca combatir la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños desde su origen, usando el ‘quemón público’, a través de bases de datos nacionales de consulta pública y sanciones para inhibir las conductas violentas”, señala la propuesta.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la violencia contra las mujeres va en aumento: en 2019 se registraron más de mil feminicidios, más de 200 mil carpetas de investigación por violencia familiar y, durante el segundo semestre de ese año, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, hostigamiento, abuso, intento de violación y violación.
El Registro Naciona permitirá, por ejemplo, que los agresores que aparezcan en esos registros no puedan trabajar cerca de niños ni en escuelas, tal y como se establece en Estados UnidosCynthia López Castro, Diputada federal del PRI
“Estos actos de violencia quedan impunes 99 por ciento de las veces”, se reconoce en texto del proyecto, que destaca que legislaciones similares ya aplican en países de la Unión Europea, así como Estados Unidos, Canadá, España, Chile, y Argentina. Por ello, la propuesta contempla crear un Registro Público Nacional de Agresores.
Sexuales, que contenga nombre completo, alias, Clave Única de Registro de Población, y fotografía de personas que estén siendo juzgadas por corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, abuso sexual y violación.
“Permitirá, por ejemplo, que los agresores que aparezcan en esos registros no puedan trabajar cerca de niños ni en escuelas, tal y como se establece en Estados Unidos”, detalló a La Razón la priista Cynthia López, una de las promoventes del proyecto que ya se presentó en 28 congresos locales, quienes lo han visto con buenos ojos.
Respecto del Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, se prevé que el mismo contenga el nombre, Clave Única de Registro de Población, así como el juez y expediente de todos aquellos que cuenten con una sentencia de pensión y no la hayan pagado durante más de 90 días.
“Con esta medida, las empresas o personas que contraten a empleados, podrán revisar este registro y en caso de tener una deuda de pensión alimentaria, pueda formar convenio con los tutores o medres de familia para que se deposite parte del sueldo directamente en beneficio de la manutención de los hijos”, señala el proyecto.
Este jueves, el documento se presentará al pleno de San Lázaro y será turnado a las Comisiones de Igualdad de Género y del Trabajo para su revisión y discusión.
