Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevaron a cabo el desalojo del campamento que habían instalado frente a esa dependencia simpatizantes de la activista Kenia Hernández.
Los elementos de la FGR, vestidos con pantalón beige y chamarras color café, retiraron las casas de campaña y obligaron a sus ocupantes a retirarse por el acceso que conduce al metro Insurgentes, quienes tuvieron que llevar arrastrando sus cosas.
A través de una tarjeta informativa, la FGR informó que el desalojo se realizó como medida de precaución para evitar un contagio entre los manifestantes.
“Con el objetivo de salvaguardar su salud y que no corrieran riesgos debido a la situación de contingencia en la que México se encuentra por la Pandemia del COVID-19. Se destaca que se encontraban hacinados y sin las medidas correctas de cuidados determinados incluso por las autoridades de Salud de nuestro país”, se lee en la tarjeta.
Alrededor de 50 elementos de la FGR participaron en el operativo para retirar a los simpatizantes de la organización Colectivo Zapata Vive, quienes permanecían desde el pasado 24 de octubre en plantón frente a las oficinas centrales de la Fiscalía, en demanda de la liberación de Kenia Hernández.
Los activistas y defensores de los derechos humanos del Centro Zeferino Ladrillero pernoctaban frente a la FGR, pero esta madrugada fue ordenado su retiro. Algunos se quejaron de empujones y violencia, pero no se reportaron heridos ni daños materiales mayores.
La FGR les informó en días previos a los manifestantes que la situación de la activista Hernández Montalván es responsabilidad absoluta del juez que ordenó su detención y la dependencia no puede intervenir en su favor.
La jueza del caso fijó una fianza de 30 mil pesos y otorgó la libertad provisional el 24 de octubre, pero al salir del penal se cumplió la segunda orden de aprehensión en su contra por un juzgado en Guerrero, por lo que fue trasladada al penal federal en la entidad.
Luego de permanecer en ese penal, fue nuevamente trasladada, ahora al penal de Morelos, debido a que es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, quien ordenó desde hace un año que Kenia fuera sacada de Guerrero, donde enfrenta amenazas de muerte.
KA