El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pagó más de 187 millones 448 mil pesos durante 2019 para echar a andar la planta de Agronitrogenados, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF),misma que reveló que los contratistas siguen cobrando facturas mediante tres contratos, uno firmado en 2014 y dos en 2016, cuyos montos ascienden a 147 mil 400 dólares (dos millones 858 mil pesos, al tipo de cambio del 29 de marzo de 2019), 57 millones 113 mil pesos y seis millones 525 mil 500 dólares (127 millones 477 mil pesos al tipo de cambio de 10 de septiembre de 2020, cuando fueron cobrados).
A pesar de ese gasto, “continúan sin cumplirse los objetivos y las metas de ponerla en operación, debido principalmente a la falta de gas natural, bióxido de carbono y amoniaco, consideradas como materias primas indispensables”, explicó la ASF.
La planta fue adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya, a Altos Hornos de México (AHMSA), a pesar de que desde 2015 se consideraba que era chatarra.
Además, la ASF señaló que Pemex Fertilizantes entregó dos contratos durante 2019, pero no realizó estudios de mercado ni el análisis del costo-beneficio; tampoco cuenta con evidencia de que verificó que las empresas participantes estaban habilitadas para ejercer el comercio o profesión, ni comprobó que cumplieran los requisitos para concursar por los contratos.
Hasta la chatarra fue motivo de señalamientos, pues uno de los contratos del año pasado, PRO-AGRO-CTO-09-2019, tenía como objetivo vender los materiales de desecho de acero al carbón que provinieran del desmantelamiento de torres. Entre el 28 de enero y el 30 de abril de 2019 se vendieron, pero no se comprobó que realmente fuera desperdicio.
Otro contrato, el PRO-AGRO-CTO-22-2019, comprende obra civil y electromecánica para el incremento en el suministro eléctrico, con el fin de pasar de 1.2 Megawatts a 11.2 Megawatts, por 39 millones 980 mil pesos. Tampoco se exhibieron comprobantes de realización de los trabajos. La ASF también advierte que no existe un número de identificación de los contratos firmados por Pemex Fertilizantes, por lo que no hay garantías de que haya duplicidad de pagos con respecto a otros contratos.
Ya el 18 de julio de 2019 se habían presentado las denuncias correspondientes por la compra de las empresas Agronitrogenados SA, Agro Inmuebles SA y Agro Administración SA.
Las plantas fueron entregadas mediante acuerdo el 17 de octubre de 2018, pero no cuentan con el Certificado de Aceptación Definitiva porque no han concluido todas sus obligaciones. En parte, reconoce la ASF, porque la materia prima para trabajar depende de la distribución del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y de la producción del Complejo Petroquímico de Cosoleacaque (Copeco), lo que ha impedido realizar las pruebas en la planta de Urea I y II.
Al 31 de diciembre de 2019 se habían ejercido 332 millones 156 mil dólares y mil 783 millones 526 mil pesos, “y las plantas no han sido puestas en operación, por la falta de insumos como el bióxido de carbono, amoniaco y gas natural, por lo que no se han generado los beneficios esperados para el Estado al adquirir los activos de esta planta, tales como sustituir importaciones de fertilizantes, alcanzar la seguridad alimentaria y lo que señala el compromiso 59: ‘se convertirá a Pemex en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes’ del Pacto por México”, dice el informe individual de la ASF.
