La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atenderá el caso de represión durante una marcha feminista en Cancún, donde policías municipales realizaron disparos al aire para dispersar al contingente.
En un comunicado, el organismo reprobó los hechos ocurridos la noche de ayer, 9 de noviembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, en los que presuntamente elementos policiales repelieron mediante detonaciones de posibles armas de fuego a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía.
El saldo fue de dos personas heridas por bala: los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente.
También hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo “una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.”
La CNDH urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas.
“Unicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia”, precisó.
A su vez recordó que “en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, reitera que, en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.”
El organismo señaló que los estados deben asegurar las medidas administrativas necesarias de control en manifestaciones públicas. Y advirtió que de no concretarse incidiría negativamente y de manera grave en un pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y manifestación.
En tanto, alertó que estos hechos impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ellas y ellos, de cara a las múltiples y plurales manifestaciones que acompañan y documentan.