Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, llamó a los contralores estatales a redoblar esfuerzos para solventar los más de 59 mil millones de pesos observados por la dependencia que fueron transferidos por la Federación a los estados, así como prevenir de forma efectiva la corrupción.
Aseguró que en el pasado la fiscalización de los recursos federales ejercidos por los gobiernos de los estados y municipales era solo una simulación, y era típico el ejercicio extemporáneo de recursos o con fines distintos a los autorizados por la Federación.
Durante la inauguración virtual de la 65 Reunión nacional de Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la funcionaria aseveró que para su dependencia “es crucial transformar la visión tradicional de la fiscalización y aplicar esquemas que reduzcan espacios al abuso de poder y la arbitrariedad”.
Ante el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que asistió como invitado a la reunión, afirmó que tras décadas de una doble moral impuesta en México por el neoliberalismo, el actual gobierno implantó un modelo de desarrollo del bienestar que requiere contraloría que asegure el ejercicio honesto, eficiente y transparente de los recursos, que combatan de lleno la corrupción estructural.
“Necesitamos una nueva fiscalización que trascienda la visión cortoplacista, contable y legalista de la vigilancia de los fondos públicos y que incluya tareas de prevención, asignación de responsabilidades y mejora de procesos para asegurar el uso de los recursos públicos conforme a la nueva ética pública”, expuso.
Sandoval advirtió que más allá del castigo, es necesario corregir irregularidades, y actos de corrupción. “Con este nuevo enfoque promovemos instrumentos más eficientes de control e implementamos auditorías de desempeño integrales, que nos permiten detectar cualquier acto indebido y, en su caso, turnarlo a las áreas competentes para su investigación y sustanciación”.
Comentó que para ello, la SFP emitió el 5 de noviembre pasado las nuevas disposiciones para la fiscalización de recursos públicos federales, que establecen una metodología homogénea, mayor participación ciudadana y fijan plazos concretos para formular los informes respectivos.
La titular de la SFP indicó que estas disposiciones tienen una visión alineada con una concepción de la corrupción como un problema estructural, “al que solo podemos enfrentar y vencer si eliminamos el abuso de poder, si combatimos la impunidad y fomentamos la participación ciudadana”.
Por último, reconoció que todavía es necesario perfeccionar las metodologías de control interno para hacerlas más eficientes y efectivas, y propuso “trabajar de la mano de los auditores para construir medios que permitan la formación continua y permanente para la formación de auditores expertos en auditorías de desempeño, de cumplimiento y financieras”.
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