La Audiencia Nacional española confirmó el pasado viernes 13 de noviembre que Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, será extraditado a México, sin embargo, el empresario mexicano no aceptará esta medida.
Francisco Orduña, vocero de AHMSA, reveló al noticiero “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula, que Ancira Elizondo se defenderá ante las autoridades españolas, agotando los recursos en ese país, pero también ya prepara recursos ante la justicia mexicana, quien lo acusa de corrupción y lavado de dinero.
“Nosotros seguimos manteniendo que esto (las acusaciones contra Ancira) no tienen ninguna base, no tiene sustento. La acusación es por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, todas las operaciones que se concentran en la acusación fueron hechas abiertamente desde las cuentas de Hornos de México, que por su trabajo se le hicieron a Emilio Lozoya, cuando no era funcionario público”, señaló Orduña.
Ancira fue detenido el pasado 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca (islas mediterráneas de Baleares), en cumplimiento de una orden de detención emitida por México, pero el empresario se negó a ser entregado.
Ingresó a prisión al día siguiente por orden del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en julio pagó una fianza de un millón de euros para abandonar la cárcel.
El magnate, también conocido como “El Rey del Acero” es investigado en México por cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por un importe de 3.4 millones de dólares.
La investigación comenzó por una denuncia de Pemex, relacionada con un supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes en 2013 a esta empresa.
El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando éste fuera director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
