El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta para que el presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra autoridad puedan hablar y darle publicidad a la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes durante las conferencias matutinas.
Se trata de la corrección a un error legislativo que se cometió durante la aprobación de la consulta el pasado 24 de octubre, pues el decreto señala que la publicidad del referendo quedará prohibida desde su entrada en vigor; sin embargo, la minuta original establecía que “el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, que ocurrió el pasado 28 de octubre.
De esta forma, tanto el presidente como cualquier otra autoridad tendrían prohibido hablar en torno a la realización de la consulta desde el pasado 28 de octubre y hasta la realización de dicho ejercicio el próximo 1 de agosto de 2021.
Con la nueva propuesta, aprobada por 306 votos a favor, 154 en contra y 0 abstenciones, “el presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular”.
El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, sostuvo que la reforma “es una suma de errores”, pues como Morena se dio cuenta que no puede publicitar la consulta, decidieron hacer otra modificación. “Son errores que están generando incertidumbre jurídica a la ciudadanía y al Instituto Nacional Electoral”, puntualizó el legislador.
De igual forma, denunció una contradicción por parte del gobierno, ya que por una parte le dieron más atribuciones al INE y por la otra le quitaron recursos. “Pareciera que la mayoría de Morena busca que la consulta popular fracase”, dijo.
En defensa del proyecto, la legisladora morenista Dolores Padierna Luna sostuvo que pese a las modificaciones, del 15 de julio al 1 de agosto de 2020 quedará suspendida la información pública en torno a la consulta.
Respecto a las quejas de los recortes al INE, aseveró: “En cuanto al presupuesto, el INE solicitó más de 11 mil millones de pesos de lo que se le autorizó en 2020; mientras que los rubros solicitados por el INE para la organización de las elecciones y para la elaboración de las credenciales de elector quedan intactos, los recortes que se realizaron al INE se realizaron en los gastos operativos del Consejo General. La consulta popular es legal y constitucional”.
