El gobierno de Chihuahua presentó una Controversia Constitucional para revertir la orden del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de retirar a las fuerzas federales de la Mesa de Coordinación Estatal, informó el consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza.
Asimismo, el gobierno estatal presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, por uso abusivo de facultades y atribuciones.
El consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua acusó que Mejía Berdeja “de manera arbitraria y sin respetar los principios de ética que deben regir a un funcionario, hizo señalamientos públicos sin fundamento ni evidencia, en los cuales vincula al gobernador con organizaciones del crimen organizado”.
Agregó que este tipo de declaraciones contravienen la ética de los servidores públicos y por tanto la SFP debe abrir una investigación en su contra y sancionarlo.
“Estamos solicitando se le suspenda de manera inmediata, para que se puedan realizar las investigaciones y una inhabilitación de hasta 10 años en el ejercicio público”, agregó Jorge Espinoza.
Recordó que la Controversia Constitucional se presentó el pasado 4 de noviembre de 2020 y quedó registrada con el expediente 180/2020, aunque todavía falta que se turne a un ministro instructor para el caso.
Espinoza Cortés advirtió que, al retirar a las fuerzas federales de la Mesa de Coordinación Estatal, se puso en riesgo a la población en su persona y en sus bienes.
“La seguridad pública no puede ser capricho de nadie, de ninguna autoridad y es por eso que se hacen estas acciones, para hacer que la Suprema Corte sea quien regrese a estas autoridades que, de manera unilateral, arbitraria e ilegal, se retiraron de la coordinación de la mesa de seguridad, poniendo en juego la seguridad de todos los chihuahuenses en su vida y en su patrimonio”, explicó Jorge Espinoza.
De acuerdo con el Consejero Jurídico de Chihuahua, la controversia interpuesta se fundamenta en el artículo 21 Constitucional que establece que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los Estados y de los Municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la Ley, para fijar un sistema nacional de seguridad pública”.
El funcionario expuso que el objetivo primordial de la demanda es declarar inválido el ordenamiento de la Presidencia de México y obligar al Gobierno Federal a sentarse de nuevo en la Mesa de Seguridad.
