Empresarios del país exigen un plazo de hasta seis meses para cumplir con el decreto sobre outsourcing luego de su aprobación en el Congreso de la Unión y la anulación de sanciones retroactivas por adeudos en seguridad social.
La negociación de los plazos de vigencia se efectúa tanto en Palacio Nacional como con coordinadores de ambas cámaras y presidentes de las Comisiones del Trabajo y Hacienda, con la intención de evitar que el Senado la regrese a San Lázaro; sin embargo, aún no hay acuerdos.
Legisladores consultados por La Razón confiaron que las propuestas van desde los 15 días hasta seis meses de plazo, como ha ocurrido en otras legislaciones, para dar tiempo a los trámites burocráticos que exigirá el decreto sobre outsourcing.
“La petición es muy sencilla: los empresarios nos dicen, en corto, porque muchos no hemos estado en Palacio, que con la llegada del virus, han prescindido de un porcentaje importante de personal, por lo que sus actuales plantillas deberán hacer una serie de trámites que harán imposible cumplir los tiempos que establece el dictamen”, comentó un diputado de la 4T, quien se pronunció a favor de la exigencia.
El decreto establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de tres artículos: 4, que establece que no se deducen o acreditarse pagos; el 5, relacionado con el Impuesto Sobre la Renta y el 6, sobre el IVA, que lo harán el próximo 1 de enero.
Estas peticiones se suman a la solicitud de delimitar un tope o mecanismo proporcional en el reparto de utilidades.
En sus reuniones con funcionarios del Gobierno federal, los representantes de la IP argumentan que este esquema, en medio de la pandemia, puede generar el cierre de fuentes de trabajo.
“Cuando eres la persona que hace la inversión para ser productivo, te queda muy claro que no puedes hablar de un reparto equitativo, y pongo un ejemplo: tú tienes una empresa que en un año generó ganancias por dos millones de pesos, con una planta laboral de cinco empleados; sería una locura repartir esa cantidad”, dijo un empresario que hoy regresa a insistir en el planteamiento.
Luego de la última reunión en Palacio Nacional, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin, explicó que están “peleando el tema de establecer un límite a la participación de utilidades, por lo que este jueves se va a convocar a otra comisión para llegar con los montos y definir el tema de la estacionalidad”.
La fracción IV Bis del numeral 127 de la Ley Federal del Trabajo establece que: “Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades”, argumento que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a las sanciones retroactivas, los empresarios han hecho énfasis sobre el transitorio séptimo del dictamen, que establece que las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, serán sancionadas de conformidad con la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos.
“Esta redacción no es clara, porque brotarán decenas de casos de personal contratado bajo outsourcing dentro del mismo gobierno, que van a reclamar que se les otorguen prestaciones sociales, de uno, dos, diez años y no hay dinero para eso”, comentó el legislador de la bancada perteneciente a la 4T.
- El dato: La reforma se discutirá el próximo miércoles y está previsto que llegue al pleno con tres temas: Afores, pensiones, teletrabajo y la subcontratación laboral.
