El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que armoniza las acciones de los tres niveles de gobierno para crear ambientes seguros para el ejercicio profesional de ambas actividades.
Con 43 votos a favor y ninguno en contra, los diputados dieron luz verde a estas modificaciones que pretenden garantizar el ejercicio del derecho a informar, el periodismo y la libertad de expresión, tanto en medios físicos como digitales.
La legislación establece la obligación de las dependencias federales, entidades y municipios para garantizar que quienes se vean obligados a cambiar de residencia, tengan la posibilidad de continuar con sus labores.
Un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, será el responsable de determinar si un periodista o defensor de derechos humanos sufre una agresión, requiere un estudio de evaluación de riesgo; medidas de carácter social, de prevención, preventivas, de seguridad, urgentes de seguridad y quién es la persona peticionaria.
Para cumplir con la protección se recurrirá a la tecnología que facilite el intercambio de información segura y privada, así como la instalación de cámaras en puntos estratégicos, cuyo monitoreo será conjunto y coordinado entre diversas dependencias.
Las autoridades que no cumplan con su obligación de salvaguardar la integridad de defensores de derechos humanos y periodistas deberán responder por esta omisión ante el Órgano Interno de Control de la dependencia donde laboran.
La legislación garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del mecanismo de protección, así como su fortalecimiento en la estructura institucional, su naturaleza jurídica e indicadores de resultados, todo ello bajo un enfoque de pro-persona para que los defensores de los derechos humanos y periodistas sean debidamente asistidos.
La minuta fue enviada al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación.
