Por segunda ocasión consecutiva concluyó sin acuerdos la discusión entre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada sobre la reforma en materia de outsourcing.
Durante la discusión, empresarios se pronunciaron por la regulación y no la desaparición de las figuras de outsourcing e insourcing; insistieron en solicitar un plazo de seis meses para que las grandes empresas se adecuen a los cambios en la materia.
Luego de una reunión de más de dos horas y media en Palacio Nacional, Carlos Salazar Lomelín, líder del CCE, informó que el próximo miércoles se reunirán de nuevo para continuar con las mesas de trabajo; sin embargo, dijo, hay avances en este tema tan complejo.
“Es un cambio completo en la forma en que muchos mexicanos están trabajando hoy y están asignados a sus lugares de trabajo”, declaró en entrevista.
Lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles, dices: ¡no jodan!, o sea, en vez de quitar las manzanas podridas, talan en el árbol y nos quedamos sin nadaCarlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE
Por ello no se alcanzaron acuerdos definitivos, pero destacó un buen entendimiento y disposición del Gobierno para escuchar los planteamientos de los empresarios.
“Nos sentimos entusiastas de que estamos avanzando, el tema es complejo y por ello esta tomándose más tiempo del que hubiéramos querido y que todos hubieran esperado”, indicó.
En tanto, Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que en las negociaciones con el Gobierno “estamos en pecata minuta (...) Estamos ultimando detalles para que todo salga bien, sobre todo en los tiempos, eso es lo que vamos a arreglar”.
Reiteró que la idea no es que se eliminen el outsourcing y el insourcing. Explicó que el outsourcing será especializado y “si se tiene una empresa ya no se podrá contratar 100 por ciento en insourcing, vas a contratar la parte especializada”.
(En las reuniones) hay poco consenso, hay oídos sordos. En general, la propuesta es inoportuna. Estamos en el peor año del empleo y es más difícil contratar personalGustavo de Hoyos, Presidente de la Coparmex
Agregó que se requieren tiempos para la conversión de una empresa. “Se buscan seis meses para empresas grandes, porque hay tamaños de y estamos dándole confianza a la inversión extranjera, a empresas globales y nacionales, que todo mundo tenga un margen de adecuación”.
Sin embargo, previo al encuentro que empresarios sostuvieron con el mandatario del país, la IP había subido de tono la diferencia con el Gobierno federal sobre la reforma.
En una videoconferencia sobre el proyecto de ley general para la reactivación económica, el dirigente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, reprochó a autoridades federales la intención de regular la figura laboral de subcontratación, aseverando que las autoridades en vez de quitar una manzana lo que intentan “es tumbar los árboles, dices: ‘¡no jodan!’”.
Estamos en pecata minuta (...) Estamos ultimando detalles para que todo salga bien, sobre todo en los tiempos, eso es lo que vamos a arreglarFrancisco Cervantes, Líder de la Concamin
Por ello, la política pública no se le puede dejar nada más a los políticos, consideró, en declaraciones en un tono más elevado y un día después de la salida Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia, quien era el puente entre el sector privado y la Federación.
El líder empresarial agregó que “una iniciativa de eliminar de un tajo una práctica que, si bien fue mal utilizada por algunos, he tratado de decir que para querer quitar una manzana podrida, pues lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles, dices: ¡no jodan!, o sea, en vez de quitar las manzanas podridas, talan el árbol y nos quedamos sin nada”.
Y señaló que el outsourcing y el insourcing son un maravilloso ejemplo de cómo una orientación que puede ser muy positiva, tiene consecuencias desastrosas para la economía si se implementa mal, “como hemos tratado y hemos intentado hacerle ver a la autoridad, a veces sin mucho efecto, sin mucha suerte de poderlos convencer”.
Más tarde, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que en caso de que se apruebe la reforma de outsourcing, el organismo patronal la impugnará, al considerar que atenta contra la libertad laboral.
Como está planteada, dijo, la reforma atenta contra aspectos principales, como la competitividad laboral y el derecho a elegir en dónde trabajar; además de que este esquema es un impulso para estudiantes e incluso amas de casa.
De Hoyos también aseveró que si se prohíbe la subcontratación, al menos, se perderían dos millones de empleos, de las cuatro millones de plazas que se estiman están bajo dicho esquema laboral.
Dentro de los sectores más afectados, detalló, estarían los de servicios, turismo, financiero (afores, tarjetas), comercial minorista, agroalimentario y manufactura, pero también algunas amas de casa y jóvenes que se dedican a la venta por catálogo.
“En México debemos tener mayores libertades de contrato. No nos parece que se quiera limitar, porque al rato sólo van a querer limitarnos más”, manifestó.
En esta semana, miembros del sector empresarial, como Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y Carlos Salazar Lomelín han sostenido reuniones con las autoridades en Palacio Nacional.
Dentro de los principales logros, según la Concamin, destaca la eliminación del insourcing; mientras que siguen dialogando lo referente a la deducibilidad y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
- El dato: La iniciativa de reforma en contra de la subcontratación prevé multas por hasta 4.3 millones de pesos y penas de hasta nueve años de cárcel para quienes realicen esta práctica.
Ley no es la solución, aseguran empresas
la asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) sostuvo que esta legislación no terminará con las malas prácticas.
El presidente saliente de la AMECH, Gabriel Aparicio, consideró que prohibir la subcontratación no soluciona ante las empresas que no cumplen con el pago de impuestos o con ls compromisos laborales al subrayar que “el planteamiento de la iniciativa no acabaría con las malas prácticas”.
En tanto, Héctor Márquez, quién sustituirá a Aparicio en el cargo, apuntó en que no existen frenos para los factureros.
“Estamos de acuerdo con frenarlos, pero en la iniciativa no viene cerrado ese candado. Dice que se aplicaran sanciones, pero, ¿cómo los frenamos?”, señaló y agregó que buscan cambiar la redacción para cerrar la puerta a los evasores.
