La jueza primero de Distrito de Campeche concedió un amparo definitivo a diversas asociaciones y colectivos de la península de Yucatán, para impedir que se construya el tramo de Escárcega a Calkiní del Tren Maya.
Las comunidades y asociaciones defensores del medio ambiente promovieron el juicio de amparo bajo el argumento de que si continúan los trabajos se ocasionaría “un daño irreversible” al medioambiente.
Con este amparo, iniciado en julio pasado, las comunidades lograron que el gobierno federal suspenda la instalación de rieles y estaciones en la región donde se ubican diversos cenotes en un área de 800 hectáreas de vegetación.
Los argumentos presentados por las comunidades campechanas y las organizaciones ambientalistas señalaron como autoridades responsables de este daño ecológico al gobierno federal, a la presidencia de la República y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
A través de una videoconferencia, dirigentes de estas asociaciones ambientalistas dijeron que, con este amparo, podrán seguir con el proceso judicial, pero las obras no podrán retomarse.
Xavier Martínez, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que el gobierno federal hizo mal al dividir el proyecto en dos tramos, con lo que se entregan fraccionadas las manifestaciones de impacto ambiental, por lo que no era posible determinar los daños que ocasionará una obra de esta naturaleza.
Además, con el desarrollo de este Tren Maya inició también la especulación en los precios de la tierra, pues se buscan oportunidades en estos polos de desarrollo y, en caso de continuar, el impacto ecológico será irreversible para la selva y para el planeta.
