Con la oposición del PAN y MC, por considerar que da un excesivo poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, diversas modificaciones constitucionales para reformar el Sistema Judicial en México.
El dictamen a la minuta del Senado, que deriva de una iniciativa del Ejecutivo Federal, fue avalada en lo general por 319 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 310 votos a favor, 99 en contra y una abstención, y por tratarse de una reforma constitucional fue remitida a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, para su aprobación.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, Aleida Alavez, sostuvo que la iniciativa marcará una nueva etapa que fortalece a la SCJN.
“La propuesta crea un sistema novedoso que adopta el sistema de precedentes judiciales y amplía la facultad para presentar controversias constitucionales a los órganos autónomos. Con ello, la argumentación jurídica de los jueces constitucionales debe ajustarse también a los derechos constitucionales de los justiciables. La justicia es todavía una materia pendiente en México, en tal sentido, la reforma también permitirá reducir los niveles de impunidad”, puntualizó.
Los legisladores del PAN se manifestaron en contra, debido a que la propuesta señala que el titular de la SCJN (actualmente, Arturo Zaldívar) se mantendrá al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de que no permite impugnar la designación, readscripción y movimiento de jueces, pues esa facultad será solo del presidente del Consejo.
“El poder absoluto corrompe absolutamente. Si bien hay planteamientos afables en la reforma, trae un debilitamiento el sistema de justicia mexicano y se concentra en el Poder (Judicial). También se eliminan los plenos de circuito, atentando contra el federalismo, sin contar que con la reforma habrá más gastos administrativos y no mayor calidad en las resoluciones”, apuntó la panista Mariana García.
Pilar Ortega (PAN) señaló que la reforma implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles entre poderes.
El emecista Juan Carlos Villarreal sostuvo que dicha modificación limita la facultad de revisión e impugnación de las decisiones que toma el CJF y no logra un cambio de verdadero de fondo en la impartición de justicia eficiente y “porque es antifederalista”.
La priista Mariana Rodríguez Mier y Terán, aseguró que con dicha modificación “e establecen sanciones claras para la deleznable práctica pública, pero silenciada, del acoso sexual en el PJF; y el principio de la paridad de género regirá las acciones contra la discriminación”.
La perredista Mónica Bautista consideró que con la norma “garantiza el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, la profesionalización del personal, así como la de las y los jueces; todo lo anterior, garantizando a las y los mexicanos un Poder Judicial a la altura del siglo XXI, moderno, innovador y completamente funcional”.
- El dato: Según el Relator de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, esta reforma pone en riesgo la autonomía de jueces y magistrados.
