El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad de votos una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por medio de la cual se adoptó un criterio para optimizar el uso de los tiempos en radio y televisión.
La presidenta del Comité de Radio y Televisión, Claudia Zavala precisó el Tribunal resolvió que se tenía que hacer un análisis de los ratings de los medios de comunicación, con el propósito de que los partidos políticos tuvieran acceso a los mejores tiempos al aire.
Zavala recordó que luego de la decisión presidencial, adoptada en abril pasado, se redujeron los tiempos para transmisión de mensajes político-electorales, lo que forma parte de la obligación impuesta al INE.
“La propuesta que se formula convalida un criterio que se tomó, con base técnica, desde el Comité de Radio y Televisión para hacer estas adecuaciones que generan un mejor uso de la prerrogativa de los partidos políticos en radio y televisión”, explicó la consejera electoral.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama destacó que el acuerdo “trata de reparar el daño” ocasionado por el decreto presidencial que redujo los tiempos de radio y televisión tanto del INE, como de las fuerzas políticas.
Aunque se tratan de siete minutos diarios en televisión y 14 minutos en radio, Murayama enfatizó que esa disminución afectó tres anuncios en cada estación de radio para el INE y los partidos, así como dos en cada canal de televisión que, al multiplicarse por el total de concesionarios en el país significa que dejaron de transmitirse cada día 4 mil 242 anuncios en radio y mil 792 en televisión.
Desde el 15 de mayo, cuando el decreto entró en funciones, han sido más de 52 mil anuncios que el Estado ha pasó a los concesionarios comerciales. De ellos, más de 46 mil le corresponden al Ejecutivo y 6 mil 34 al INE.
“Si no se hubiera tomado esa decisión unilateral de renunciar a los tiempos fiscales, habría 46 mil anuncios adicionales en manos del Ejecutivo para informar a la población sobre esta peligrosa pandemia que tanto está dañando la salud y la economía de la sociedad mexicana, que hoy no se tienen por decisión unilateral del Ejecutivo y en vez de servir al interés público, se cedieron al interés particular de los concesionarios” advirtió Murayama Rendón.