La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechazó la petición de un grupo de padres y víctimas de la Guardería ABC, que solicitaban a la dependencia el pago de 10 millones de pesos por cada persona que resultó afectada de manera directa; así como 3 millones 375 mil pesos por cada persona indirecta, lo que equivaldría a siete veces el presupuesto anual del organismo para pago de compensaciones.
“El pago que pretende este grupo de víctimas iría en detrimento del resto de víctimas del país, dado que equivaldría a aproximadamente siete veces el presupuesto anual para el pago de compensaciones y medidas de ayuda y asistencia que tiene la CEAV”, destacó la dependencia en un documento publicado en sus redes.
El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, provocó la muerte de 49 menores y desde esa fecha, continúa en investigación el caso y los familiares reclamando justicia, debido a que el lugar esta subrogado por el IMSS.
De acuerdo al organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), las víctimas comenzaron a protestar desde noviembre pasado, al estar inconformes por los montos otorgados en la reparación del daño, sin embargo, detalló que se han instalado mesas de trabajo para atender a los padres para llegar a acuerdos.
La CEAV se encuentra en espera que un juez se pronuncie sobre los cumplimientos presentados por la dependencia y otros se encuentran en proceso de revisión ante tribunales colegiados, ya que en las mesas se atendió cada caso de manera particular.
Además se aclaró que los montos de las reparaciones que se han emitido, son acordes al agravio que sufrió la víctima y provienen de un decreto presidencial de 2010, reformado en 2020 para que sea más justo el beneficio.
La reparación del daño beneficia a víctimas directas, menores fallecidos, lesionados y afectados por la inhalación de humo producto del incendio.
Entre las medidas que la CEAV adoptó para reparar el daño se encuentran medidas económicas: apoyos económicos mensuales para madres que perdieron a sus hijos y menores que incapacitados de por vida. En las medidas de salud se encuentra la atención a la familia en el IMSS, costos por traslados, hospedaje y alimentación, pago de diagnósticos, atención psicológica y apoyos para pago de electricidad y mobiliario.
En las medidas educativas, se pagan colegiaturas en colegios privados y becas. Mientras que en otras medidas, apoyo a Infonavit y gastos funerarios.
Las investigaciones por el caso continúan a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y en los últimos meses lograron vincular a dos personas por los hechos.
