En la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México y Puebla fueron detenidas cuatro personas implicadas en la muerte de los exgobernadores poblanos Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, ocurrida en diciembre de 2018.
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Puebla, las personas detenidas son José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”, quienes en 2018 estaban a cargo del mantenimiento en la empresa Rotor Flight Services, que está relacionada con el helicóptero que se desplomó y en el que viajaba el matrimonio.
A los cuatro implicados se les acusa de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena y falsedad en declaraciones ante la autoridad.
María “N”, una de las detenidas, quien fue capturada en la colonia Santa María La Ribera, en la Ciudad de México, era la encargada del taller en la base de Puebla, de donde despegó el helicóptero que minutos más tarde se desplomaría en el municipio de Coronango. De acuerdo a las investigaciones, la mujer detenida habría sido omisa en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales del helicóptero.
El 24 de diciembre de 2018, el helicóptero Agusta A109S Grand, propiedad de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), se desplomó en una zona del estado de Puebla, ocasionando la muerte del matrimonio y sus tripulantes; Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador; así como de Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Coppe Obregón.
A dos años de los sucesos, diputados federales del Partido Acción Nacional, al que pertenecían Alonso y Moreno Valle, afirmaron que pedirán reabrir el caso con la creación de una comisión especial, ya que los legisladores señalan que hubo un mal manejo de la información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no ha sido contundente. El integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara baja, Alberto Valenzuela, aseguró que “los informes dejaron más dudas que en un inicio y vimos la turbulencia política en el caso, pues generó mucha suspicacia el incidente aéreo”.
Al señalar que quedaron muchas sospechas por el caso, dijo que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias, pero con un área de investigación imparcial, con observadores internacionales “y solicitaríamos la integración de una comisión especial donde estén integrados los poderes Legislativo y grupos técnicos no vinculados con la SCT para que puedan dar elementos objetivos del incidente”.
Por su parte, la diputada blanquiazul Verónica Sobrado exhortó al Gobierno federal el 9 de enero y 28 de febrero de 2020, a investigar el caso y dar a conocer los resultados de la investigación; mismos que el 27 de marzo se detallaron a la opinión pública.
El informe final de la SCT de esa fecha señala que el accidente se debió a una falla mecánica y falta de mantenimiento de la aeronave, lo que se tradujo en pérdida de control del helicóptero debido a un “alabeo” repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que éste se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno.
Finalmente, el nieto del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, dijo que es poco creíble la explicación que dieron las autoridades, por ello urgió la necesidad de tener una investigación y dar los resultados correctos. “El gobierno tiene la obligación de dar los resultados correctos, pero recurren a la evasiva”.
- El dato: De acuerdo con los expertos, la falla se originó en los actuadores lineales de alabeo, que se extendieron de manera simultánea sin ser comandados, provocando el giro y posterior caída.
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