Si no hay acuerdo con empresas privadas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró, interpondrá una denuncia civil para terminar con los contratos suscritos entre 2010 y 2011, en la gestión de Felipe Calderón, para la construcción y servicios de ocho penales federales del país.
El mandatario federal recordó que ya que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR), ligada al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por lo que instruyó al consejero jurídico, Julio Scherer, a dialogar con los proveedores
“Consideramos que es un abuso y que si tienen voluntad se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Al mismo tiempo, se va a empezar a elaborar una denuncia civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, puntualizó.
En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que estos convenios son por 22 años para operar los centros penitenciarios en Chiapas, Durango, Guanajuato (2), Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora, por 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos; mismos que actualmente tienen una ocupación de entre 32 y 78 por ciento, con 12 mil 284 internos.
Expuso que siete convenios se suscribieron en diciembre de 2010 y uno en 2011 Asimismo, indicó que el monto pagado durante nueve años asciende a 75 mil 661 millones de pesos, que corresponde a 36 por ciento del total, quedando pendientes 190 mil millones.
Mientras que el consejero jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer expuso que se trató de una adjudicación directa.
Añadió que los contratos establecen que, a su término, cada inmueble se convierte en propiedad de la empresa, no del Gobierno federal; que el pago mensual se realiza por cupo de cada centro, aunque no haya internos.
En ese sentido, el Presidente López Obrador subrayó “si nos hacemos de la vista gorda, nos convertimos en cómplices y le fallaríamos a la gente”, y recordó que, incluso, hay muchos políticos y conductores vinculados con estas compañías privadas.
ntb