Tras las reformas que prohíben la detención de menores migrantes en centros o albergues del Instituto Nacional de Migración (INM), ahora cientos de ellos deambulan por las calles del sur de México, sin protección ni atención, advirtieron expertos en derechos humanos y protección de infantes.
En noviembre pasado, las modificaciones a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, establecieron que los niños, niñas y adolescentes no deberán ser ingresados a centros de detención, estén o no acompañados.
Sin embargo, “el verdadero problema de ya no recibir a menores migrantes es que se quedan en las calles. Es un acierto que ya no los detengan, pero de nada sirve que los dejen libres si van a deambular en las calles”, alertó Ana Sainz, directora de la organización Sin Fronteras, a La Razón.
El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 11 de noviembre que será el Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, los encargados de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional.
Al respecto, la activista manifestó que dichas instancias, encargadas de velar por los niños, niñas y adolescentes aún no están listas para la labor.
“Aún no vemos que estas instancias estén coordinadas con albergues de la sociedad civil para dar techo a los menores que viajan de manera irregular”, lamentó.
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), detallan que de enero a noviembre de 2020, se detuvo a 10 mil 189 menores en el país, oriundos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros.
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, dijo a este diario que es importante reconocer el trabajo que hace el INM en cumplir con no detener a los niños, pero se debe traducir en acciones para que los menores no deambulen en las calles.
“El Estado debe hacer un compromiso para proteger a esta población, porque se está quedando a la deriva y sin atención. No basta con no privarlos de su libertad”, dijo.
Además, explicó que el peligro de los menores al estar en la calle es su relación con grupos criminales, pues son cooptados para diversas labores, como traslado de drogas o explotación sexual.
Por su parte, Eduardo Bonifaz, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados, aseveró que hay un compromiso de las autoridades por proteger a los menores, para contar con una migración regular y ordenada desde el inicio de la administración.
“Se ha visto por su salud, sobre todo en la frontera sur. Hay que decir que las autoridades migratorias ya actúan en ese sentido y respetando la Ley de Migración”, afirmó.
