Las intervenciones telefónicas a los narcotraficantes Juan Francisco Patrón, El H2, y Daniel Silva Garate, El H9, fueron ilegales, porque la DEA no tenía la orden de un juez mexicano para intervenir teléfonos en territorio nacional, aseguró el abogado Rafael Heredia, quien encabeza la defensa del extitular del Ejército, Salvador Cienfuegos.
Insistió en que al seguir estas charlas en el país las pruebas no pueden considerarse como válidas para enjuiciar al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) del Gobierno pasado.
“Es claro que (intercepciones) se efectuaron en territorio nacional y, en ese orden de ideas, sin autorización judicial mexicana contravienen el artículo 16 Constitucional y, por lo tanto, independientemente de la responsabilidad penal que pudieran implicar, carecen de valor probatorio”, declaró el legista, en torno a las escuchas que en EU fueron autorizadas por una Corte local en 2016.
Además, Heredia recordó que según lo establecido por la Fiscalía General de la República (FGR) Cienfuegos “nunca fue el objetivo”, pues sí hubiera sido así se habrían percatado de la falsedad de la información.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, en su carta al canciller Marcelo Ebrard, los seguimientos se realizaron a través de líneas telefónicas que pertenecían a Daniel Silva, identificado como Samantha.
Por separado, el exembajador Miguel Ruiz Cabañas coincidió en que EU violó el acuerdo de cooperación en materia de seguridad al detener al general sin avisar a México.
El académico del Instituto Tecnológico de Monterrey advirtió a La Razón que este arresto “demostró que no hay ninguna confianza cuando (EU) hace esa detención, creo que lo corresponde es un reset, volver a empezar con el gobierno de (Joe) Biden”, que en breve sustituirá a Donald Trump. Y agregó que la DEA se fue por la libre, cuando en EU hay procesos interagencias.
Ruiz Cabañas agregó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de mostrar el expediente para justificar por qué no se ejerció acción penal contra Cienfuegos, aunque admitió que hubiera sido mejor consultarlo con su contraparte estadounidense.
En torno a las acusaciones, el general negó haber recibido sobornos, al declarar a la Fiscalía que nunca obtuvo dinero por actividades ilícitas y nadie le ofreció dádivas durante su cargo.
“Que quede contundentemente claro que jamás he incurrido en ningún tipo de actividad de la que pudiera obtener alguna ganancia indebida”, demandó al Ministerio Público que se escribiera en su declaración, al reiteró que sólo percibe ingresos por empresas, inversiones o negocios.
En su declaración patrimonial señala que posee dos casas, cuyo valor acumulado alcanza cuatro millones de pesos; además, vendió dos predios valuados en seis millones y medio de pesos y posee dos automóviles y un tercero que adquirió en octubre de 2018, por lo que tiene una deuda de un millón 708 mil pesos
En su declaración aparece una cuenta de inversiones de unos 14 millones de pesos, fortuna que acumuló en 55 años de servicio en el Ejército.
- El dato: Salvador Cienfuegos puso en duda la credibilidad de la DEA, luego de que agentes creyeran que los mensajes eran de él, cuando hasta un criminal de baja educación se percató de farsa.
