La violencia digital es otro de los grandes problemas de la pandemia, pues si bien viene en aumento desde hace algunos años, la emergencia sanitaria la exhibió aun más, destacaron legisladores y activistas.
Al coincidir con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el espectro de violencia que sufren las mujeres es cada día más amplio, llegando incluso al ámbito digital, la presidenta de la Comisión de Igualad de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, señaló que no se puede minimizar este tipo de violencia en el país.
“Lo virtual es parte de nuestra realidad, no es como que pueda ser tomado con menos importancia o gravedad. Nosotros estamos atendiendo la minuta que llegó del Senado, donde se incluye la definición de violencia digital y sus modalidades, así como sanciones y un tipo penal, que es el de difusión del contenido íntimo (conocido como Ley Olimpia)”, dijo a La Razón.
En noviembre pasado, la Cámara alta aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, con modificaciones a la minuta enviada desde San Lázaro, misma que fue devuelta a la colegisladora, donde es analizada por la comisión que preside Briseño.
En ese tenor, la morenista explicó que el objetivo es penalizar con cuatro a seis años de cárcel a quien difunda imágenes, audios y videos sexuales sin consentimiento de las personas y lograr que se deje de normalizar este delito, ya que, si bien es una dinámica de redes, no deja de ser violenta y afectar a las personas, sobre todo a las mujeres y menores de edad.
Además, detalló que el compromiso en San Lázaro es dejarla lista para antes de que termine la Legislatura.
De acuerdo al Inegi y su último reporte de 2019, 17.7 millones de personas a partir de 12 años que utilizaron Internet fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales 53.1 por ciento fueron mujeres y 46.9 por ciento hombres.
Respecto al tipo de agresión que experimentaron las mujeres, el principal fueron las insinuaciones o propuestas sexuales (40.3 por ciento), seguido del contacto con identidades falsas (35.3 por ciento), mensajes ofensivos (33.9 por ciento), recepción de contenido sexual (32.8 por ciento) y provocaciones (23.7 por ciento).
Al respecto, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), dijo que cualquier estadística debe estar interpretada desde lo humano, ya que muchos delitos no son tipificados y sancionados de manera correcta.
“Es algo que se debe tomar en cuenta antes de decir que bajaron o subieran algunos delitos, ya que los datos son incompletos, pues al hacer sus análisis, se desconoce si las mujeres que se ven afectadas por los delitos son indígenas, o qué edad tienen, dónde viven o cuál es su condición”, lamentó.
La activista expresó que la pandemia obstaculizó el acceso de la justicia hacia las mujeres, ya que muchas carpetas se quedaron estancadas, además de que otras no lograron ni siquiera ir a denunciar en una oficina gubernamental.
En cuanto a los 942 feminicidios reportados durante 2020, Figueroa dijo que las cifras no reflejan la realidad, ya que los estados no investigan los homicidios dolosos de las mujeres con protocolo de feminicidio, lo cual provoca un subregistro.
- El dato: En días recientes, las youtubers Nath Campos e Ixpanea acusaron a los influencers Rix y Yayo Gutiérrez, respectivamente, por violencia sexual.
