Por la omisión en su declaración patrimonial de seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge con más de 18.3 millones de pesos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval expuso que la sanción a Castillo deriva de la verificación a la evolución patrimonial, en la cual se detectó que el también excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán faltó a la verdad en sus declaraciones correspondientes a los años de 2014 a 2016.
Ante esa anomalía, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que el exfuncionario federal omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, señaló la titular de la SFP.
En un comunicado, Sandoval Ballesteros apuntó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
Resaltó que la SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de Alfredo Castillo en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.
Irma Eréndira Sandoval recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.
Puntualizó que este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual gobierno , de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
fgr