Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte pospusieron la discusión de la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) promovida en contra de la política energética impulsada por la secretaria de Energía Rocío Nahle.
Durante la sesión pública realizada a través de videoconferencia, los ministros determinaron dejar en lista la impugnación 83/2020 de la Cofece contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
En el proyecto del ministro ponente Luis María Aguilar se propone invalidar 22 de las disposiciones de dicha política, pues dicho acuerdo obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales encomendadas a la Cofece porque anula la libre competencia económica y concurrencia en el mercado de generación, así como la sustentabilidad en la generación y suministro de energía eléctrica, en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes.
El acuerdo de la Secretaría de Energía impugnado, abundó, cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia, en concreto a las eólicas y fotovoltaicas, barrera que afectaría a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.
Consideró que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia que debe estar presente en los eslabones de generación y suministro de energía.
“Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”, advirtió.
En otra parte del proyecto de Aguilar Morales, planteó declarar la invalidez de la elaboración de los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del Sistema de Energía Nacional.
“Se propone declarar su invalidez en tanto que la disposición 3.8.4, que permite la participación proactiva de la CFE en la elaboración de los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del SEN, resulta contraria al nuevo esquema generado como consecuencia de la reforma energética, pues la CFE, como transportista y distribuidor, no tiene ningún tipo de facultad al respecto”.
Argumentó también que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) no tiene competencia para rechazar solicitudes de Estudios de Interconexión, ni para emitir un dictamen que debe ser tomado en cuenta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al momento de evaluar y, en su caso, otorgar el permiso de generación.
