El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cambia condiciones a los productores privados.
La iniciativa contempla llevar la “Nueva Política Energética” del actual Gobierno a la ley; con lo que las hidroeléctricas de la CFE irán por delante en la alimentación del Sistema Eléctrico Nacional. En segundo lugar está lo que se generen en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y, al final, la de ciclo combinado de empresas privadas.
En caso de que ser aprobada la iniciativa en sus términos, el Gobierno podrá revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos suscritos con productores privados, y garantizará que los permisos se encuentren sujetos a los criterios de planeación emitidos por la Secretaría de Energía.
Además, instruye al diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad para compañías privadas.
“Las reformas en materia energética que diseñaron el modelo de mercado eléctrico en México dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad. Sin embargo, estos contratos financieros, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulnerabilidad financiera a las entidades que lo celebran”, indicó el Ejecutivo en la exposición de motivos.
Agregó que la política energética actual forma parte del régimen neoliberal que privó en México por más de tres décadas, y que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares “y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueoPropuesta presidencial, Exposición de Motivos
“En el Gobierno anterior se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma energética, consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población”, indicó.
El Ejecutivo federal también argumentó que la promesa con dicha reforma fue la llegada masiva de inversiones extranjeras, pero que en realidad se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos.
“Con la iniciativa se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping (práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio para eliminar a la competencia y apoderarse del mercado) y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado”, agregó.
Al ser preferente, los diputados deberán tramitar la iniciativa en un plazo máximo de 31 días naturales. Si al término de este plazo no se hubiera discutido, ni votado, entonces deberá ser el primer asunto en abordarse en la siguiente sesión del Pleno y de ser aprobado, será turnado al Senado, que deberá procesarla también en 31 días.
De acuerdo a los tiempos legislativos, en San Lázaro deberá aprobarse antes del 17 de marzo, y de pasar ese mismo día a la cámara alta, la fecha fatal es el 28 de abril.
- El dato: La tarifa de generación es de mil 660 pesos por cada megavatio-hora; mientras que los privados en las subastas eléctricas eran de 381 pesos, aproximadamente.
