La Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mónica Almeida, denunció que el Tren Maya "sigue acumulando ilegalidades" ya que el gobierno federal sigue sin transparentar las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos.
Muestra de ello, dijo, es que 45 de los 102 contratos concretados han sido por adjudicaciones directas, por lo que estas ya tenían ganador antes de licitarse y que dichos contratos representan 27 mil 849 millones de pesos, es decir el 39 por ciento de los recursos que hasta el momento se han erogado.
“Debemos dejar de ver al presidente por lo que dice, y más por lo que hace, ya que sus palabras no están respaldadas por sus decisiones y esto nos ha llevado a continuar sin atacar la corrupción”, declaró a través de un comunicado.
Almeida López exhortó al gobierno federal, "para que se evite a todo costa seguir con estas prácticas, ya que no sólo vulnera la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción".
Adelantó que prepara diversas iniciativas, para evitar vicios en la excepción a esta regla general y equiparando dicha conducta al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de los servidores públicos a quienes utilicen de manera indebida las excepciones de licitación, logrando así mayor rigidez en la ejecución del gasto.
“Por mi parte presentaré una serie de acciones legislativas para impedir que las autoridades sigan utilizando la salida sencilla, esperemos que la mayoría no frene otra iniciativa más”, agregó.
Recordó que en 2019, López Obrador se comprometió a garantizar la pulcritud de las licitaciones correspondientes a los estudios y construcción del Tren Maya, sin embargo, dos años después, la Auditoría Superior de la Federación muestra irregularidades por 148 millones de pesos solo en 2019, recordando que además existe un atraso en la entrega de la cuenta pública por cuestiones de “pandemia”, por lo que las observaciones e irregularidades tan solo de ese año se irán incrementando.
"Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72 por ciento de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5 por ciento de las ocasiones. De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales, con un porcentaje incluso mayor", concluyó.