La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia —conformada por más de 30 organizaciones y refugios en México y Centroamérica— denunció este viernes que el portal para el registro para la vacunación de personas mayores de 60 años “excluye a importantes sectores de la población” por requerir la Clave Única de Registro de Población (CURP).
“La vacuna COVID-19 no debe estar sujeta a un solo documento ya que no existe una forma universal de identificación en México, donde el estado la ha sustituido a discreción por credenciales del Instituto Nacional Electoral, pasaportes y en este caso la CURP. Hacerlo así es dejar en el limbo a la población migrante, a los mexicanos deportados, a las personas binacionales que no han podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de apostilla, a los migrantes internos indígenas, y a quienes por condiciones de exclusión o atraso de las instituciones municipales, no han podido obtener un certificado de nacimiento o corregir el suyo ”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), quien también integra dicha coalición.
En un comunicado la Alianza Movilidad Inclusive en la Pandemia advirtió que el gobierno mexicano no ha hecho público ningún plan para permitir que personas que no tienen CURP accedan a las vacunas.
Además se señala que a lo largo de la pandemia el gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración y ante la ausencia de vigilancia sanitaria, no ha brindado a las personas en movimiento un acceso efectivo a atención médica o medidas para detener la propagación del virus.
“Hacemos un llamado a los gobiernos de México y Centroamérica, especialmente a sus autoridades de salud, a coordinar la gestión de las vías de vacunación, poniendo las necesidades de las personas en la vanguardia de sus políticas sin excepciones y con enfoques diferenciados de género, la necesidad de protección internacional y movilidad, para garantizar que nadie se quede atrás ”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La activista agregó que: “Estas autoridades deben generar políticas de salud y planes de vacunación inclusivos en la práctica, para evitar poner en riesgo la salud pública a nivel nacional y regional. La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ningún motivo, incluida su nacionalidad o estado migratorio ".
