La presencia del ejército en labores de seguridad pública no puede ser regulada mediante un acuerdo presidencial, que carece de facultades y resulta insuficiente para determinar que sólo estarán de manera temporal en esas funciones, manifestó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Por ello, propuso la expedición de la “Ley que Regula la Participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública” para reglamentar la reforma Constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional.
Al argumentar su propuesta, Ruiz Massieu dijo que como legisladores “reconocimos cuando creamos la Guardia Nacional, que la realidad de nuestro país ameritaba que las Fuerzas Armadas respalden a las corporaciones civiles para garantizar la seguridad de la ciudadanía. No obstante, el hecho de que su intervención sea necesaria no significa que las Fuerzas Armadas sean las indicadas per se para desempeñar estas tareas. Su participación en actividades que no les son propias debe ser estrictamente regulada”.
Esta regulación, explicó, debe brindar certeza a las Fuerzas Armadas sobre su actuación en tareas a las que fueron convocadas de forma provisional durante cinco años, para permitir que se consolide la Guardia Nacional.
“La propuesta incorpora los principios que deben regir y guiar la participación de la Fuerza Armada Permanente en acciones de seguridad pública, al tiempo que define con claridad sus facultades y obligaciones. Contempla mecanismos para que las entidades federativas puedan solicitar el apoyo de la Fuerza Armada Permanente a fin de atender problemáticas específicas de incidencia criminal en un lugar determinado”, dijo Ruiz Massieu.
Además, se propone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), actúe como órgano de fiscalización de las actividades de los militares cuando desempeñen labores de seguridad pública.
Ruiz Massieu destacó que el papel de las Fuerzas Armadas es la defensa exterior y la seguridad interior del país, pero no la seguridad pública y al ordenar su participación no se les brindó el marco jurídico para su actuación, colocándolos en una situación de vulnerabilidad ante la crítica social.
“La realidad es que los miles de mujeres y hombres que luchan todos los días para garantizar la seguridad de nuestras familias se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a la crítica social, porque su adiestramiento estuvo orientado a velar por la defensa de la soberanía, no por la seguridad de la ciudadanía; porque tienen mecanismos de coordinación para su despliegue, pero carecen de mecanismos de protección para su actuación”, reconoció la senadora del PRI.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos para su análisis.
JVR
